Alcances socioterritoriales de la propuesta de localización de la Subestación Transformadora de Alta- Media Tensión en el partido de Ituzaingó

Abstract

En esta investigación se presenta una propuesta de localización de una subestación transformadora de alta-media tensión en un distrito sin disponibilidad de tierras y la densidad poblacional está estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el último Censo Nacional del año 2010, (por 168.419 habitantes y 56.303 viviendas y el cuadro de la tabla por partidos del Gran Buenos Aires ilustra habitantes por hectárea (hab/Ha) y pone las categorías 0,2-5,0; 5,1-20,0; 20,1-50,0; 50,1-100,0; 100,1-133,7; donde ubica a Ituzaingó en el rango 50,1-100,0); debido a los períodos de crisis energéticas en el país; agudizando la situación en la industria, en el ámbito urbano y su interrelación con aspectos de la sociedad expuestos a campos electromagnéticos que producen estas infraestructuras. En los aspectos de Impacto Ambiental, debido a la construcción de subestaciones transformadoras de energía de alta-media tensión en ejidos urbanos en cercanías del centro de demanda y al transporte de líneas de alta tensión de energía, desde hace un par de décadas se vienen desplegando medidas de prevención que parten desde el anteproyecto del Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE). La metodología utilizada, es el instrumento de la Audiencia Pública, posibilitando la participación de vecinos que pueden actuar en la gestión para mejorar aspectos del impacto que provoca la exposición a los campos electromagnéticos. La energía eléctrica es parte integrante de la actividad humana y su utilización aumentará diariamente, por eso debemos estar informados sobre los efectos que estos campos electromagnéticos producen en la salud de los pobladores, tomar medidas de precaución, porque las investigaciones epidemiológicas realizadas no pueden demostrar su inocuidad. Así en este trabajo, se desarrolla la participación de un sector de la sociedad del partido de Ituzaingó, en la toma de decisiones proteccionistas ante los proyectos energéticos, llegando a acuerdos políticos-sociales para mitigar los conflictos ambientales que estas infraestructuras provocarían.