El gasto social es el instrumento cardinal del modelo de distribución y su comportamiento, permite analizar, tanto los esfuerzos gubernamentales para la construcción de legitimidad política, como la existencia o no de voluntad a favor de la distribución socioeconómica. La evidencia empírica sugiere que la Revolución Bolivariana ha venido incrementado el gasto público social. Petit Primera (2010) demuestra que durante el período comprendido entre 1999 y 2006 la política fiscal expansiva promovida por los altos ingresos petroleros contribuyó al rápido crecimiento de la economía venezolana a partir de 2004, ‘’lo que ha permitido al gobierno el incremento del gasto público, y por ende del gasto social, principalmente en educación y salud” (p.30). Y más recientemente, en una investigación relevante el sociólogo Aponte Blank (2015) sugiere que en Venezuela este tipo de gasto, canaliza más de la mitad de los recursos financieros del Estado, lo que es una nítida muestra de su relevancia. Pero además, en el marco de los períodos presidenciales del fallecido Hugo Chávez, esa importancia se acentuó por la alta prioridad que el régimen político le atribuyó a lo social. A ese respecto podemos adelantar que, al menos en los años 2006-2012, se realizaron las más cuantiosas erogaciones en materia social de toda la historia de las finanzas públicas venezolanas, superando claramente los máximos niveles que había alcanzado el gasto social en 1978, 1981 y 1997, al amparo de anteriores auges de los ingresos petroleros.