Tesis
Razones jurídicas propositivas para la constitución del agraviado en actor penal en el NCPP del 2004
Fecha
2020Autor
Mendoza Salcedo, Alexander
Rayme Cutipa, Jesús Antonio
Institución
Resumen
El presente trabajo de investigación tiene el Título; Razones jurídicas propositivas para la constitución del agraviado en actor penal en el NCPP del 2004, el objetivo de este trabajo; es determinar las razones jurídicas propositivas para la constitución del Agraviado en Actor Penal en el NCPP del 2004. La investigación gira en torno a los efectos restrictivos de los derechos del agraviado y del actor civil prescritos en los Artículos 94º al 106º del NCPP, en el que se proscribe al Agraviado de abordar el objeto penal del delito en la pretensión penal, lo mismo en la impugnación de autos y sentencias; haciendo inútil la contención del poder punitivo del Estado, que se manifiesta en la vulneración de los principios y derechos, tales como: el Principio de Legalidad y de Proporcionalidad, junto a los derechos a la Libertad Individual del Investigado y el Derecho al Debido resarcimiento del Agraviado. El ejercicio de la acción penal por parte del órgano acusador se inicia con la postulación de acusaciones encaminadas a desvirtuar la presunción de inocencia del investigado, y del agraviado, ejercer la defensa en el juicio. Sin embargo, de los requerimientos acusatorios analizados y de las encuestas realizadas a los abogados y fiscales se verifica la; limitada estandarización objetiva, fáctica, jurídica y probatoria con deficientes elementos de convicción y aparente sustento del derecho en la pretensión penal. De esta actividad procesal se diagnostica la brecha y la necesidad procesal normativa, para legitimar la intervención del Agraviado en Actor Penal; la metodología utilizada es; descriptiva y propositiva, con diseño no experimental desarrollado por objetivos. Las técnicas usadas son las fichas documentales y las encuestas; los instrumentos son los cuestionarios del contenido de objetivos de la tesis; de los resultados se aprecia que sí existe la brecha o necesidad procesal normativa para legitimar la intervención del agraviado en la persecución, acusación y juzgamiento del proceso penal común