El plazo de las diligencias preliminares y su control por la instancia superior del ministerio público

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar por qué el control del plazo de las diligencias preliminares en el modelo acusatorio garantista peruano le debe corresponder conocerlo al fiscal superior en lo penal y no al juez de la investigación preparatoria. Para cumplir con el objetivo expuesto, se consideró una muestra conformada por 10 resoluciones derivados de procesos penales e investigación fiscal – periodo 2016- 2020, con solicitudes de control de plazo; el artículo 334º inciso 2 (plazo de la investigación preliminar) y el artículo 343º inciso 3 (responsabilidad disciplinaria) del Código Procesal Penal del Perú; el artículo 139º inciso 3 (Principios de la Función Jurisdiccional) de la Constitución Política del Perú; las posiciones doctrinarias respecto al tema de estudio; así como por las opiniones de 80 abogados penalistas de Trujillo. Para la selección de la muestra de estudio se aplicó el muestreo intencional para la elegir los expedientes judiciales y fiscal, así como las posiciones doctrinarias y la legislación de estudio; y el muestreo aleatorio para la selección de los abogados de Trujillo, considerando su especialidad y ejercicio profesional (docencia y litigación). Las técnicas utilizadas para recolectar la información de la muestra de estudio fueron el análisis documental y la encuesta, con sus respectivos instrumentos de recolección de datos. Asimismo, los métodos empleados para la discusión de los resultados fueron: el método inductivo, deductivo, analítico, sintético y hermenéutico. Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: Se ha verificado la hipótesis de investigación, por cuanto el control del plazo de las diligencias preliminares le corresponde conocerlo al fiscal superior en lo penal y no al juez de la investigación preparatoria, porque el modelo acusatorio garantista peruano se sustenta en el principio procesal fundamental de primer orden como es el Debido Proceso, con separación de roles del órgano jurisdiccional y fiscal, en atención a la Autonomía y Jerarquización del Ministerio Público.

The main objective of this investigation was to determine why the control of the term of the preliminary proceedings in the Peruvian guarantor accusatory model should be known to the superior criminal prosecutor and not to the judge of the preparatory investigation. To meet the stated objective, a sample made up of 10 resolutions derived from criminal proceedings and tax investigation was considered - period 2016-2020, with requests for control of the term; article 334º paragraph 2 (term of the preliminary investigation) and article 343º paragraph 3 (disciplinary responsibility) of the Code of Criminal Procedure of Peru; Article 139, subsection 3 (Principles of the Jurisdictional Function) of the Political Constitution of Peru; doctrinal positions regarding the subject of study; as well as the opinions of 80 criminal lawyers from Trujillo. For the selection of the study sample, intentional sampling was applied to choose the judicial and fiscal files, as well as the doctrinal positions and the study legislation; and the random sampling for the selection of Trujillo lawyers, considering their specialty and professional practice (teaching and litigation). The techniques used to collect the information from the study sample were the documentary analysis and the survey, with their respective data collection instruments. Likewise, the methods used for the discussion of the results were: the inductive, deductive, analytical, synthetic and hermeneutical method. Finally, the following conclusion was reached: The investigation hypothesis has been verified, since the control of the term of the preliminary proceedings corresponds to know it to the superior criminal prosecutor and not to the judge of the preparatory investigation, because the accusatory model guarantees Peru is based on the fundamental procedural principle of the first order, such as Due Process, with separation of the roles of the judicial and prosecutorial body, in attention to the Autonomy and Hierarchy of the Public Ministry.