La evolución de la pandemia de COVID-19 en el mundo, en Latinoamérica, y particularmente en Argentina, obligó a prolongar la cuarentena y, en consecuencia, la suspensión de la presencialidad escolar. Tal como sostiene Rivas (2020), la suspensión de las clases presenciales generó la ruptura de todos los esquemas de la escolarización tradicional: no hay presencia ni encuentro en un espacio físico, no hay horarios ni rutinas encuadradas, se desarmó el currículum y desapareció la motivación basada en el deber y el cumplimiento de la norma. El eje de la política educativa se desplazó de la calidad y la mejora del aprendizaje, y se dio prioridad a la continuidad pedagógica, con el objetivo de garantizar el derecho social a la educación. Desde las disposiciones y normativas, asegurar la continuidad pedagógica implica, por un lado, considerar el impacto de la discontinuidad del proceso de enseñanzaaprendizaje en los sujetos involucrados en el acto educativo; y por otro, “ofrecer propuestas de enseñanza que permitan aprendizajes valiosos ante las distintas situaciones o contextos que así lo demanden” (Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 2020, p. 4). Ante este escenario, docentes y directivos se vieron en la necesidad de tomar decisiones didácticas en la emergencia, para establecer un vínculo pedagógico en un contexto no presencial: migrar a espacios digitales (en el mejor de los casos, plataformas de enseñanza virtual), revisar diseños curriculares y planificaciones, explorar herramientas digitales, repensar expectativas de logro y objetivos, entre otras. Sumado a esto, la complejidad que supone la enseñanza de las Ciencias Sociales y la dificultad que hemos diagnosticado en investigaciones precedentes respecto a la incorporación sustantiva de las tecnologías digitales en el aula.