| dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objeto analizar en qué consisten las garantías a favor de la víctima o el ofendido en el procedimiento penal, con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dieciocho de junio de dos mil ocho. En la práctica, se ha visto con frecuencia que antes de dicha reforma, las personas que sufrían las consecuencias de la comisión de un delito, no veían reparado el daño que se les ocasionaba, en muchos casos porque no se conocía la identidad del responsable del ilícito, por ejemplo, cuando en la etapa de averiguación previa el Ministerio Público no realizaba las diligencias necesarias o no recababa las pruebas eficaces para comprobar la probable responsabilidad del sujeto activo, en ese supuesto, la averiguación quedaba en reserva hasta que prescribiera la acción penal (salvo que la víctima u ofendido contara con recursos económicos para pagar a un abogado que vigilara el desarrollo de la averiguación previa) en consecuencia, el ofendido no tenía acceso a la justicia porque no estaba a su alcance impulsar la continuación de la investigación, debido a que el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de los delitos. --Resumen h. 1. | |
