“En la década de los 1950, dado el rápido crecimiento de la población mundial y las importantes crisis alimentarias, se buscó transformar la agricultura con el objetivo de mejorar la productividad y acabar con el hambre en el mundo, o al menos disminuirlo. Los gobiernos y numerosas instituciones de investigación y financiamiento a nivel global, tales como la fundación Rockefeller que aportó gran parte de los fondos para la constitución del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México, trataron de responder a este aumento de la demanda alimentaria. William Gaud, exdirector de la Agencia estadunidense para el Desarrollo Internacional (USAID), denominó “Revolución Verde” a este período que se prolongó hasta los años noventa. Se trataba de la aplicación de un conjunto de técnicas de producción para la agricultura cuyo desarrollo fue posibilitado por tres factores principales: uso de semillas “mejoradas” con variedades de alto rendimiento; aporte de fertilizantes y productos fitosanitarios; y políticas públicas favorables a una economía de mercado (Griffon, 2002: 40). Los resultados y consecuencias de estas experiencias para responder al reto de la soberanía alimentaria mundial son muy controvertidos y llevaron al desarrollo de una agricultura intensiva y estandarizada, en relación con un consumo de masas que impulsó la toma de control de esta actividad ancestral por empresas transnacionales que tienen acceso a importantes capitales y a alta tecnología (Nigh, 1999: 254). Así mismo tomaron el control tanto de la agricultura como de la industria, desde el acceso a tierras productivas, el control de los insumos y semillas, hasta las fases de almacenamiento y comercialización. Este proceso de industrialización de la agricultura fue facilitado y acelerado por los avances de la química orgánica que puso a disposición de esta agricultura a gran escala, agrotóxicos y fertilizantes cada vez más potentes”.