La privatización de la administración de justicia por vía de los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Abstract

Todo individuo de una sociedad se encuentra supeditado a las relaciones interpersonales, las cuales marcan o desarrollan la convivencia de los particulares al interior de la misma. Así las cosas, el hombre para satisfacer sus necesidades sociales y económicas, materializan un sin número de situaciones las cuales pueden desencadenar en conflictos entre los miembros que la constituyen. Con el transcurso del tiempo los individuos han tenido que vivir en medio del conflicto y por consiguiente han aprendido diferentes formas de manejarlo y obtener una debida solución. En este sentido, han surgido diferentes medios de control que permiten resolver las controversias a través de sistemas como la autotutela y/o autodefensa. Aunado a ello en un Estado Social de Derecho existe la Administración de Justicia, la cual es una función pública del Estado que debe ejecutarse de manera permanente y habitual, a través de las instituciones y personas facultadas por la Ley para ejercer dicha administración, con las excepciones impuestas la misma. En este sentido, el sistema jurídico colombiano se encuentra integrado por cinco jurisdicciones dentro de las que se encuentran las siguiente, ordinaria, contenciosa administrativa, disciplinaria, constitucional y especial. La inspección, vigilancia y control de sus actividades y fallos de estas lo ejercen la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, que se comportan como órganos de cierre, dentro del ámbito propio de las 9 competencias de cada una de ellas. Sin embargo, en la constitución de 1991, además de atribuirle funciones jurisdiccionales a ciertas autoridades administrativas, instituyó la administración de justicia por parte de particulares, introduciendo un modelo de justicia alternativo a la ordinaria, donde los medios como la conciliación en derecho y en equidad resultan ser mecanismos autocompositivos de solución de controversias, en conjunto con el amigable componedor y el arbitraje los cuales son formas hetero-compositivas de solución de conflictos. El desarrollo de estos mecanismos alternativos de administración de justicia, es la respuesta a la insatisfacción generada a los individuos de una sociedad con respecto al sistema jurídico que rige un Estado. En Colombia uno de los temas tenidos en cuenta para la creación de estas figuras, fue el represamiento judicial y a su vez el fin de fortificar el acceso a la administración, dando solución a la demora y a los costos que ocasiona la justicia formal. Dicho lo anterior, el Estado debe velar por la protección de los principios y valores en el cual se encuentra instituido el sistema judicial. Con el fin de evitar las congestiones y la lentitud en la resolución de las controversias entre los particulares, y mejorar la eficacia de la justicia se ha llegado a hablar de la privatización de la misma, lo cual teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y geográficas, ocasionaría un inconveniente notorio para garantizar el derecho del acceso a la administración de justicia, toda vez que, se desconocería los derechos de las personas de bajos recursos y se limitaría el acceso a estas, por no tener los medios económicos suficientes para sufragar los costos que esto generaría. De tal manera, que a raíz de la situación anteriormente descrita surge el siguiente interrogante ¿las cargas económicas impositivas para el ejercicio de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, pueden ser considerados como una forma de privatización del acceso a la administración de justicia, afectando el derecho humano y fundamental?; por consiguiente en el desarrollo de este planteamiento se abordará como objetivo general: La descripción y el análisis de la tendencia de privatización de la justicia en Colombia por la vía de la implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, las cargas económicas de los mismos y la consecuente vulneración del derecho humano y fundamental del acceso efectivo a la administración de justicia en Colombia; los objetivos específicos de: Contextualizar la administración de justicia en Colombia; analizar la evolución constitucional y judicial de la administración de justicia y establecer las consecuencias de la privatización de la administración de justicia. La metodología ejecutada en esta investigación es el enfoque paradigmático de carácter cualitativo, puesto que lo perseguido es describir y conceptualizar el problema jurídico que se deriva de una norma el cual está ligado a la situación actual y al deber ser. Este tipo de enfoque es pertinente en esta investigación de conformidad con lo expresado por Vanegas Ortega C. (1998)1 y otros, los cuales instituyen la aplicación de este paradigma en las situaciones donde se observan conocimientos que proceden de la experiencia, es decir de datos empíricos. En este sentido, el tipo de investigación escogido es de carácter socio jurídico, el cual es pertinente metodológicamente, puesto que, en concordancia con el enfoque se permite analizar la función pública del estado social de derecho, su impacto en la sociedad y su eficiencia como normatividad que regula las relaciones sociales como acontece en el asunto particular. Por otra parte, el desarrollo de este trabajo investigativo se divide en tres capítulos de la siguiente manera; en el capítulo primero se hará una contextualización de la Administración de Justicia en Colombia, partiendo desde la definición de Administración de Justicia, desarrollando la teoría de Ferrajoli y finalizando con la comparación de la administración de justicia en algunos países de Latinoamérica. En el segundo capítulo se analiza el tema de la administración de justicia en Colombia desde su rango constitucional y haciendo un recuento de los diferentes mecanismos de solución de conflictos instituidos y los principios rectores del sistema judicial. En el tercer capítulo, el análisis se centra en determinar como la privatización de justicia genera consecuencias tanto jurídicas como sociales que acarrearía este fenómeno, dando respuesta a la pregunta problema, explicando las consecuencias que esto generaría en un Estado social de derecho, toda vez que con la privatización se estaría generando una violación al derecho humano del acceso a la administración de justicia y vulnerando las garantías ofrecidas por el sistema jurídico a los personas de una sociedad, privándolos de acudir a la justicia que es una función pública del Estado y ocasionándole costos imposibles de costear, en caso de necesitar acudir a la misma.