Discursos, géneros y la (in)visibilidad de las mujeres en la acción comunal : un problema político
Registro en:
978-958-5578-76-0
Autor
González Rojas, Andrea
Luna, Lola G.
Institución
Resumen
En el marco de las luchas históricas de las mujeres por lograr su
emancipación y avanzar en la materialización de sus derechos, hay temas
esenciales en la agenda global y local que deben ser atendidos para alcanzar
la “igualdad de género” y, con ella, la superación de los estereotipos
que mantienen y reproducen las violencias. El compromiso de algunos
gobiernos con las agendas globales contrasta con los esfuerzos, cada vez
más sólidos y consistentes, de los movimientos sociales de mujeres, desde
sus comunidades de base, en las que se trabaja por alcanzar la igualdad de
derechos y obligaciones, mediante el ejercicio de la ciudadanía.
El diálogo de las comunidades de base con su realidad social es un
motor que impulsa el empoderamiento de las mujeres y que promueve una
agenda propia para acceder a las formas más inmediatas en la pirámide del
poder socio-político, representadas en las Juntas de Acción de Comunal
(JAC). Las mujeres, conscientes de la urgencia de avanzar en la agenda de
emancipación y empoderamiento, han sabido organizarse desde la base
social para acceder al rol de participación política y comunitaria, aunque ese
esfuerzo no haya sido siempre exitoso en términos de sus resultados.
La obra de las profesoras Lola G. Luna y Andrea González Rojas
documenta ese esfuerzo por acceder a los roles desde donde el empoderamiento es posible. En el texto se ilustra el ejercicio del poder desde una forma de
organización y de gestión con la comunidad, es decir, desde la creación misma
de las Juntas de Acción Comunal (JAC), que en Colombia se institucionalizan
en el año de 1958, en el marco de tensiones sociales y la búsqueda de nuevas posibilidades epistémicas y de acción política. Las JAC se nutrieron de los
discursos del desarrollo en clave participativa, permitiendo que las comunidades
asumieran su liderazgo y capacidad de trabajo en equipo, para dar respuesta a
los problemas en los que el Estado sigue dejado enormes brechas sin atender.
Si bien es cierto que las Juntas de Acción Comunal se crearon
mediante la Ley 19 del 25 de noviembre de 1958, en su génesis histórica es
indispensable remitirse a las prácticas de ayuda mutua o gestión colectiva
de la vida en comunidades prehispánicas, a través de instituciones como la
“minga”. También se destaca su relación con el discurso global de las teorías
del desarrollo, en especial, de la “Alianza para el Progreso” y su promesa de
reconfiguración del tejido social fracturado por la guerra bipartidista y el
posconflicto que inaugura el Frente Nacional.
Desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo, con la expedición de la
Ley 18 de 1958, las Juntas de Acción Comunal (JAC) pretendían avanzar
en la gestión y vigilancia de temas esenciales en materia de infraestructura
pública, bajo la coordinación de los concejos municipales y las asambleas
departamentales. Sin embargo, sería bajo el gobierno de Carlos Lleras
Restrepo, a través del Decreto 2263 del 5 de septiembre de 1966, que
constituyen un esfuerzo de integración de las clases populares en armonía
con los sectores público y privado.
Desde entonces, una serie de normas fueron perfilando el carácter
y funciones de esta figura esencial para la participación política, como los
decretos 3159 de 1968, 2070 de 1969, 835 y 836 de 1973 y 300 de 1987, al
igual que las resoluciones 504 de 1970 y 2070 de 1987, que involucraron una
definición y estrategia para el “desarrollo de la comunidad”. La institución
siguió de agenda con detractores y llamados a su reorganización; más tarde
alcanzaría la consagración en el marco de la Constitución Política de 1991,
en su artículo 103, que señaló el deber del Estado en la “organización,
capacitación y promoción” de entidades sociales de base que pudieran
contribuir con el fortalecimiento de la democracia y de los mecanismos de
participación ciudadana. Por esta vía se llega a normas como la Ley 743 de 2002 la cual, en
su artículo 6°, establece que: “Acción Comunal, es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es
promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a
partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo
de la comunidad”. Entretanto, las mujeres hacían esfuerzos para acceder a
los nuevos espacios, con demandas de su comprensión sobre los rezagos
históricos de estas agendas nacionales. Este recorrido hace parte sustancial
del esfuerzo que documentan las profesoras Luna y González en esta
investigación en perspectiva de “mujer, género y desarrollo”.
En la obra Discursos, género y la (in)visibilidad de las mujeres en acción
comunal, las autoras se aproximan al problema político de la desigualdad
a partir de una revisión de las formas históricas que han naturalizado
la discriminación, han promovido los estereotipos de mujeres desde el
imaginario patriarcal y construido una opacidad que resta impulso a los
liderazgos, que contribuye, a su vez, a la mayor invisibilización de aquellas
que hacen esfuerzos por abrir espacios para un ejercicio amplio de la
ciudadanía. Desde la trayectoria histórica de las juntas de acción como
núcleo primario de una ciudadanía participativa, las autoras caracterizan
las barreras de acceso a estos espacios de poder, desde donde la autoridad
masculina desestimula la salida de las mujeres de sus roles reproductivos
hacia sus roles de participación comunitaria.
Las Juntas de Acción Comunal, en el diálogo de mujer y género de la
investigación de Luna y González, se reconfiguran como espacios de poder
para los movimientos sociales de mujeres, de base feminista, que van a
consolidar sus redes de sentido, su agenda y su plan de acción. Al tiempo, se
insertan en una estructura de poder en la esfera local de la gestión pública,
se convierten en agentes de cambio social y reconfiguran unos marcos de
interacción con un sentido horizontal, en el que hombres y mujeres se
reconocen desde roles innovadores para la construcción de la nueva nación.
La obra es fuente de consulta obligada cuando se piensa en el estudio
situado de las relaciones mujer, género y sociedad. De su lectura es posible
comprender el camino para la materialización de derechos, en especial del
derecho de las mujeres a una auténtica ciudadanía. Es que, sin duda, su
participación en las JAC es la acción política que precede al reconocimiento
del derecho al sufragio, es el derecho a la acción social que expresa el ejercicio de una ciudadanía activa y no formal. El libro también se erige como un
impecable estudio de memoria histórica, recupera voces, recoge experiencias
de vida, no es menos riguroso en el manejo de las fuentes históricas, ni de
las voces de las “teorías feministas y de género”, que tantos aportes han
hecho para comprender las lógicas del discurso patriarcal y sus múltiples
dinámicas de invisibilización femenina.
Para la Universidad Libre, y en especial para el Doctorado en Derecho,
constituye un motivo de orgullo incluir esta obra investigativa de las
profesoras Lola Luna y Andrea González en la Colección de Estudios del
Doctorado, por considerarla un referente. En adelante se constituirá en una
importante fuente de consulta en los temas mujer, género y derecho, y en el
amplio espectro de los estudios sociales en clave de feminismo y género en
Colombia e Hispanoamérica.
Nuestra Universidad Libre es hija del posconflicto de la Guerra de
los Mil Días. Fue la primera casa de estudios que abrió sus puertas para
acoger a los hombres y mujeres de los sectores populares en el magisterio
civilizador para que, a partir de una educación crítica, sin sectarismos,
incluyente y con una filosofía de servicio social, consolidara los liderazgos
hacia una acción política transformadora. Esa es la misma filosofía que crea
y consolida las JAC, y que reclama con urgencia su rol de participación
política y comunitaria, con un sentido paritario. Las Juntas de Acción
Comunal, hoy más que nunca, deben ser laboratorios sociales en los que
hombres, mujeres y todos los sectores vulnerables de la sociedad trabajen
por una “igualdad real”, entendida como el acceso en libertad y bajo las
mismas oportunidades, como agencia generadora de cambio social,
como escuela para un auténtico empoderamiento y como espacio para la
materialización de los derechos y las obligaciones.
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