Representación judicial y gasto público: una mirada hacia un modelo centralizado de defensa jurídica en el Estado colombiano

Abstract

Ser parte en un proceso judicial implica que los extremos litigiosos deben asumir diferentes costos para ejercer una defensa adecuada y oportuna de sus intereses. Las entidades gubernamentales destinan recursos públicos para la gestión de sus casos, quienes en muchas ocasiones son vinculadas por los jueces, sin ser las responsables de lo pretendido. Por tal razón, se gastan recursos limitados que podrían ser invertidos en otro tipo de acciones que redunden, de manera significativa en el bienestar de la población. Con base en lo anterior, el presente trabajo de investigación aborda el modelo de gestión de defensa judicial de las entidades públicas y muestra diferentes costos que asume el Estado colombiano derivados de su litigiosidad. Para demostrar esa tesis, se usa como estudio de caso el Ministerio de Salud y Protección Social, según el volumen de asuntos en los que actúa como parte demandada. Igualmente, estudia los modelos de gestión de defensa jurídica adoptados en España, Francia y Chile y propone una unificación en la gestión de la defensa de la Nación, concentrada o centralizada en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según las competencias de esa entidad.