La política criminal en Colombia en el manejo del orden público 2001-2010

Abstract

El presente trabajo representa un esfuerzo por analizar la definición de la política criminal en su relación con orden público en el período 2001-2010, en su fase primaria –la definición de las conductas sociales que reciben reproche del Estado a través de diferentes instrumentos, principalmente, por medio del ejercicio punitivo- desde un enfoque estratégico relacional que concibe al Estado como poliforme y como una relación social, enfoque desarrollado por Bob Jessop. Este enfoque contempla el elemento discursivo, de allí que ha sido útil para su mejor desarrollo acudir teórica y metodológicamente a los postulados de Teun Van Dijk, específicamente, al análisis crítico del discurso. Con este abordaje se da respuesta a tres cuestionamientos principales: dónde y cómo se originan las ideas e imaginarios relacionados con la definición de la política criminal, qué tipo de ideas o marcas de conocimiento se seleccionan para representar los objetivos de intervención del Estado a través de la política criminal y qué tipo de proyecto hegemónico se construye desde la definición de la política criminal. De manera más ampla, se busca aportar en la comprensión de la política criminal como un espacio de la contienda política y a la vez una estrategia del ejercicio de poder de un bloque definido al interior del Estado, lo que la dota de un carácter estratégico y dinámico. De esta forma, esta tesis profundiza en la caracterización de los actores participantes en la definición de la política y sus estrategias, los recursos discursivos, así como las disputas al interior de las fuerzas políticas, todo lo cual conlleva a analizar las conductas e imaginarios que permiten construir los enemigos a combatir. El estudio se realizó a partir del análisis de 37 normas -decretos, leyes y sus respetivos debates legislativos junto a las sentencias en los casos que aplica la revisión de constitucionalidad, expedidos entre el período 2001 y 2010, los cuales constituyen el corpus de la política criminal en su relación con el orden público. En el primer capítulo se presentan los objetivos y se realiza una síntesis del balance de la literatura académica que ha abordado el objeto de estudio de este trabajo. En el segundo capítulo se presenta de manera general el marco teórico y metodológico que guían la investigación. El tercer capítulo resume el contexto político del período de estudio (2001- 2010). Los capítulos siguientes presentan los hallazgos de la investigación, identificando en el cuarto capítulo las características generales de la política criminal, los actores institucionales que la definen y las fuerzas políticas que intervienen en su definición; por su parte, el quinto capítulo sintetiza los problemas de política que las fuerzas políticas determinan como relevantes para la intervención estatal desde la óptica de la política criminal en su relación con el orden público y los recursos que justifican la intervención, todo a partir del análisis del corpus identificado como relevante para el período de estudio. El capítulo sexto se centra en los hallazgos estructurales relacionados con la tentativa de hacer de los estados de excepción un recurso permanente y ordinario; el sesgo anti Constitución de 1991 y el terrorismo como enemigo difuso. Finalmente, el último capítulo presenta las conclusiones a manera de cierre y recapitulación, centrándose en el proyecto hegemónico impulsado en la lógica de la política criminal. (Texto tomado de la fuente).

This work represents an effort to analyze the definition of criminal policy in its relationship with public order in the period 2001-2010, in its primary phase – the definition of social behaviors that receive reproof from the State through different instruments, mainly, through the punitive exercise- from a strategic relational approach that conceives the State as polyform and as a social relationship, an approach developed by Bob Jessop. This approach contemplates the discursive element; hence, it has been useful for its better development to turn theoretically and methodologically to the Teun Van Dijk’s postulates, specifically, critical discourse analysis. This approach answers three main questions: where and how the ideas and imaginaries related to the definition of criminal policy originate, what kind of ideas or brands of knowledge are selected to represent the objectives of State intervention through criminal policy and what kind of hegemonic project is built from the definition of criminal policy. More broadly, it seeks to contribute to the understanding of criminal policy as a space for political dispute and at the same time a strategy of the exercise of power of a block defined within the State, which gives it a strategic and dynamic character. In this way, this thesis deepens in the characterization of the participating actors in the definition of the policy and its strategies, the discursive resources, as well as the disputes within the political forces, all of which leads to the analysis of the behaviors and imaginaries that allow the building of enemies to fight. The study was carried out from the analysis of 37 regulations -decrees, laws and their respective legislative debates together with the sentences in the cases that apply the review of constitutionality, issued between the period 2001 and 2010, which constitute the corpus of criminal policy in its relationship with public order. In the first chapter the objectives are presented and a synthesis of the balance of the academic literature that has addressed the object of study of this work. In the second chapter, the theoretical and methodological framework that guides the research is presented in a general way. The third chapter summarizes the political context of the study period (2001-2010). The following chapters present the research findings, identifying in the fourth chapter the general characteristics of criminal policy, the institutional actors that define it and the political forces that intervene in its definition; for its part, the fifth chapter synthesizes the policy problems that the political forces determine as relevant to state intervention from the perspective of criminal policy in its relationship with public order and the resources that justify the intervention, all based on the analysis of the corpus identified as relevant for the study period. The sixth chapter focuses on the structural findings related to the attempt to make states of exception a permanent and ordinary resource; the bias against the Constitution of 1991 and terrorism as a diffuse enemy. Finally, the last chapter presents the conclusions, focusing on the hegemonic project promoted in the logic of criminal policy.