Preacuerdos en el Sistema Penal Acusatorio : sus discursos y el impacto en la Seguridad Jurídica

Abstract

A través de este trabajo se quiere mostrar el abismo que se suscita entre la actividad judicial realizada por los magistrados de las Altas Cortes, que orientan la jurisprudencia nacional y quienes fungen en los cargos inferiores de la jerarquía judicial; esto es, los Jueces Penales del Circuito, -que en Bogotá, constituyen un grupo aproximado de 48 funcionarios activos-, en relación con el tratamiento que se ha venido dando desde la creación del SPA, al tema de los preacuerdos y las negociaciones. La cuestión no ha sido pacífica. De ello dan cuenta las vertientes que en ejercicio del recurso extraordinario de casación o por control de exequibilidad normativa, o en sede de tutela, han generado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Han transcurrido casi quince años desde la implementación del sistema y aún no existe unificación en cuanto al tratamiento de estos institutos, por virtud del ejercicio de interpretación que llevan a cabo en su quehacer cotidiano, la Fiscalía, amparada en su función orientadora de la Política Criminal del Estado, los Jueces Penales y Magistrados de Salas Penales en el país, que convergen y determinan los pronunciamientos de las Altas Cortes y la Corte Suprema de Justicia en sus Salas Penal y de Tutelas, lo cual conduce a la inseguridad jurídica, en tanto no existe certeza en el ciudadano acerca de la solución que desde los estamentos de justicia, se dará a su conflicto. (texto tomado de la fuente)

Throughout this work we want to demonstrate the gap that arises between judicial activity by the judger of de higher courts, which guide the national jurisprudencie and who serve in the lower positions of the judicial hierarchy. Such as the Judges of the Criminal Circuit, which constitutes a group of about 48 active employees in Bogota.- in relation to the treatment that has been taking place since the creation of the SPA,to the issue of the preliminary agreements and negotiations. The topic has not been peaceful. Of this it has been noticed the aspects that in exercise of the extraordinary appeal of cassation and for constitutionality control standards have generated the Criminal Chamber of the Supreme Court and the Constitutional Court. Ten years have passed since the implementation of the system and there is still no que unification regarding the treatment of these institutions, by virtue of the exercise of interpretation that takes place in their daily work, the District Attorney’s office, protected by its guiding function of the criminal justice policies, and the criminal judges of criminal divisions in the country, which converge and determine the pronouncements of the Higher Courts that leads to legal uncertainty.