| dc.description.abstract | Para nadie debiese ser un asunto controvertido, la comprensión del procedimiento concursal de liquidación como un mecanismo de ejecución colectiva, cuya finalidad principal es tutelar al conjunto de acreedores de aquel deudor inviable, con el objetivo de lograr que cada uno de ellos pueda ver satisfecho su interés particular, consistente en maximizar la recuperación de sus créditos. Por lo mismo, dicho procedimiento y cada una de las disposiciones que lo rigen, ineludiblemente debiesen propender a la consecución de tal propósito.
Sin embargo, los antecedentes de nuestra actual normativa, parecieran decirnos que las razones que motivaron su dictación, no fueron precisamente la corrección de las eventuales deficiencias del régimen anterior con relación al objetivo antedicho. Sino más bien, la búsqueda de una legislación más moderna que no significara – como venía siendo hasta entonces – en un procedimiento excesivamente gravoso para el deudor sometido al mismo.
Si bien coincidimos en la necesidad de un procedimiento concursal acorde a los tiempos, especialmente cuando el emprendimiento – y el reemprendimiento – juegan un papel relevante en nuestra economía, sí nos surge al respecto la interrogante sobre si el legislador, en su intento de otorgar una debida protección a quién históricamente venía siendo olvidado en las anteriores legislaciones, terminó despreocupándose de lograr el adecuado resguardo de los intereses de los acreedores, que no olvidemos sigue – y seguirá siendo – el fin por esencia de todo procedimiento de liquidación concursal.
Para esclarecer esta duda, la siguiente memoria buscará analizar cada una de sus etapas, de inicio a término, desde una perspectiva en particular: la de los acreedores. Por consiguiente, mientras se avanza en la exposición de sus fases, se pondrá énfasis en las principales deficiencias, indeterminaciones y/o lagunas que vayamos descubriendo – sí es que las hay – , que afecten estos intereses, y de esa manera acercarnos a una respuesta | |
