| dc.description.abstract | En Chile ante las brechas educacionales, tanto de acceso como de calidad, generadas por las
transformaciones del sistema educativo durante la dictadura en la década de los 80, y que
perduran en la actualidad (Bellei y Vanni, 2015), se han implementado una serie de políticas
que buscan mitigar las diferencias de calidad existentes entre establecimientos particulares y
municipalizados (Cox, 2012). En este contexto es posible destacar la Ley de Subvención
Escolar Preferencial, promulgada en 2008, la cual busca mejorar la calidad educativa y los
resultados académicos de aquellos establecimientos que atienden a educandos provenientes
de sectores socioeconómicos vulnerables. Dichos estándares de mejoramiento de la eficacia
escolar son medidos mediante el SIMCE (MINEDUC, 2008).
La SEP por medio de la entrega de recursos económicos destinados a la mejora de aspectos
administrativos, de infraestructura, elementos de apoyo para la enseñanza, entre otros
ámbitos de las escuelas; permitiría la promoción de resultados académicos de los centros
escolares en mediciones SIMCE (Corvalán, 2012). Sin embargo, una serie de investigaciones
y sus resultados cuestiona la eficacia de esta política educativa | |
