| dc.description.abstract | El derecho y la democracia se encuentran en constante evolución. Así, las instituciones demócratas reconocidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano han avanzado a lo largo de nuestra historia adaptándose a la mencionada evolución.
La constitución y la legislación ecuatoriana, como la mayoría de legislaciones a nivel mundial, contemplan una democracia respectiva en la que el pueblo designa a sus representantes en la que el pueblo designa a sus representantes mediante elecciones periódicas; sin embargo, siendo el voto el primer y más importante mecanismo de participación ciudadana, habrá que decir que la imagen de la democracia representativa se encuentra en un mal momento por cuestiones como la crisis de los partidos políticos, la baja calidad de las leyes, la falta de aprecio popular por la política, y, sobre todo, la poca y casi nula representación que permite el sistema electoral a las fuerzas políticas más pequeñas por cuestiones como los métodos de asignación de escaños, la forma de la votación, o la división del territorio en pequeñas circunscripciones electorales.
Es justamente en este orden de cosas, que cobran particular importancia aquellos mecanismos que permiten a los ciudadanos involucrarse en la cosa política y que se han incorporado hace algún tiempo ya en nuestro ordenamiento jurídico, como son la consulta popular, el referéndum, la revocatoria del mandato, y la iniciativa popular normativa; y, aún más recientemente, en la Constitución del 2008 se han establecido otros mecanismos de participación con la intención de crear nuevos espacios y oportunidades para que la ciudadanía se involucre en la gestión pública, tales como son los presupuestos participativos, las audiencias públicas, los cabildos populares o la silla vacía. | |
