| dc.description.abstract | Para abordar la violencia y la delincuencia adolescente un sistema de justicia juvenil no puede limitarse a la aplicación de determinados procedimientos jurídicos y administrativos de control, aunque ello sea necesario. Como una dimensión esencial de su labor debe, además, implementar programas preventivos de naturaleza psicosocial que busquen desalentar el desarrollo de conductas violentas o infractoras e incentivar la integración social.
Con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de dichos programas, y en oposición a todo abordaje orientado predominantemente a la represión del delito, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile se propuso realizar, a través de su línea de investigación Metodologías de Intervención Psicosocial, un estudio evaluativo de los programas de prevención secundaria y terciaria de la violencia y delincuencia de los adolescentes.
Así, fueron evaluados 19 programas dirigidos a jóvenes infractores de ley, distribuidos en 4 regiones. De ellos, 12 correspondieron a Programas de intervención Ambulatoria (PIA); 5 Centros de rehabilitación Conductual (CERECO); finalmente 2 programas de Apoyo a la Reinserción Social (PARS) que trabajan al interior de las secciones de menores de Gendarmería de Chile.
La sistematización realizada permite afirmar, como señalan las Consideraciones Finales, que "las políticas públicas a nivel local no están orientadas a la integración social de los jóvenes en riesgo y/o infractores de ley. Los programas requieren de un contexto institucional de oferta de servicios -sicológicos, educativos, laborales- dirigido eficazmente a la integración de los jóvenes y que hoy no está disponible. Del mismo modo, resulta necesario avanzar en el desarrollo de una política de integración a nivel de organismos públicos locales, sobre todo en aquellos administrados por municipios. Esto último es especialmente relevante porque en Chile, servicios públicos tan importantes como la salud y educación, al igual que una gama de subsidios sociales, se encuentran bajo administración de los gobiernos comunales, los cuales no tienen una política especifica e integrada hacia adolescentes en riesgo o infractores. En el mismo sentido, resulta pertinente evaluar una política de incentivos especiales, por ejemplo, el otorgamiento de mayor subvención a aquellos organismos o establecimientos que integren como usuarios a jóvenes en riesgo y/o infractores de ley". | |
