| dc.description.abstract | La complejidad de las sociedades desarrolladas de este nuevo siglo parece residir
principalmente en que no son homogéneas. Junto a la riqueza, la opulencia y el acceso al
consumo de algunos grupos de la población, conviven la pobreza, la mendicidad y la
imposibilidad de acceder a un estándar mínimo de calidad de vida (educación, salud,
empleo, vivienda, etc.). Están presentes también los problemas de la desigualdad en el
acceso a la cultura, al ocio, al desarrollo pleno de las capacidades personales. A esto se
añaden los problemas de subdesarrollo del tercer mundo (SIDA, inmigración, minusvalías de
otra índole, etc.)
En medio de toda esta adversidad y para subsanar en una milésima parte los problemas
descritos anteriormente, es que surgen las organizaciones sociales sin fines de lucro.
En la segunda mitad del siglo XIX se estableció un reconocimiento jurídico para las
instituciones sin fines de lucro y ya en el siglo XX es posible constatar una amplia
diversificación de las instituciones del sector, que va más allá de la asistencialidad,
incluyéndose organizaciones de carácter voluntario, de trabajadores y gremiales,
agrupaciones políticas y otras. Finalmente, hacia la segunda mitad del siglo pasado e inicios
del actual, se aprecia una creciente consolidación de nuevos actores. Esta evolución
continua, del sector sin fines de lucro en Chile, da cuenta de que ha sido un actor
permanente en el desarrollo del país; de ahí la necesidad de contar con normativa clara bajo
una perspectiva jurídica, administrativa como impositiva.1
Las preocupaciones del Estado se mueven, en definitiva, en dirección a contribuir a que tales
grupos experimenten mejorías en su calidad de vida y, por tanto, en su valoración como
personas; en condiciones de igualdad, libertad y dignidad.
De la existencia de estos problemas surge la participación del Estado tratando de modificar
todas estas externalidades (teoría del Estado del bienestar). | |
