Efectos tributarios de la reorganización de empresas

Abstract

Las disposiciones constitucionales en materia económica contenidas en el Texto Fundamental de 1980, y el reconocimiento de éstas, coherente con el enfoque neoliberal de nuestra economía, instituye el “orden público económico” cuyas normas fundamentales están destinadas a regular la acción del Estado en la economía, y a preservar la iniciativa creadora del hombre, necesaria para el desarrollo del país, de modo que ellas conduzcan a la consecución del bien común1. Estas disposiciones guardan armonía con aquellas que garantizan el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, y, con las que garantizan la propiedad privada. Las empresas privadas para desarrollar sus actividades económicas deben cumplir con funciones sociales que implican derechos y obligaciones, con pautas que establecen la libertad para desarrollar cualquier actividad económica e iniciativa privada, dentro de los límites establecidos. Las empresas, desde el punto de vista de la economía nacional, son la fuente de riqueza y el medio para lograr el desarrollo económico y social. Además, los recursos del Estado provienen en su mayor parte de las contribuciones de las empresas por medio de los impuestos.