| dc.description.abstract | No existen en la legislación procesal común, ni civil ni penal, preceptos de carácter general, que se refieren de manera expresa a las grabaciones y otros recursos similares, como medios
de prueba. En la práctica, se ha aceptado asimilarlos en ciertos casos, a la prueba documental.
Existen sin duda, una serie de factores que aconsejan la consagración en la normativa procesal general, de reglas que gobiernen de manera uniforme la admisibilidad y fuerza probatoria de esta clase de medios de indagación: la protección del secreto de las comunicaciones, tanto a nivel constitucional, como legal; la existencia de disposiciones contenidas en leyes especiales, que, tratándose de ciertos delitos, autorizan y aceptan como medios de prueba, elementos que implican penetración e interferencia en la esfera de privacía ajena; la necesidad de adoptar los procedimientos judiciales a tos modernos métodos de investigación. Precisamente, como ha quedado dicho, en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal actualmente pendiente de aprobación, se reglamenta de manera general el uso y valor probatorio de los elementos en cuestión. Por ahora, no existe certeza sobre el momento en que dicho proyecto pueda transformarse en ley, ni tampoco respeto de las disposiciones propuestas que en definitiva irán a ser aprobadas. En todo caso, ya se ha alcanzado un estado de madurez jurídica necesaria como para abordar legislativamente este tema en forma general y unitaria. | |
