| dc.description.abstract | En el ejercicio concreto de la potestad invalidatoria confluyen el
interés general, envuelto en la eliminación o retiro de un acto administrativo irregular y el interés
particular en el mantenimiento o estabilidad de las situaciones jurídicas creadas por los actos de
la Administración.
De esta forma, los principios de legalidad y de seguridad
jurídica parecen presionar en sentidos contrarios. De un lado, el primero incita a la destrucción
de aquellos actos que infringen el ordenamiento jurídico. Mientras el segundo, tiende a la
estabilidad e inmutabilidad en el patrimonio individual de los administrados de los efectos y
situaciones jurídicas creadas al amparo de la actuación administrativa, aunque no se ajusten
plenamente a derecho.
De otro lado, el establecimiento normativo de la potestad
implica el reconocimiento a la Administración del Estado de potestades exorbitantes al derecho
común, distintas de aquellas de que gozan los particulares que con ella entran en relación, como
es la de volver sobre sus propios actos, revisarlos y retirarlos por sí misma, sin el ministerio o la
intervención de un tercero imparcial, particularmente de un tribunal de justicia es decir de la
atribución de declarar por sí misma lo que constituye su derecho, frente al interés particular
envuelto en el reconocimiento del derecho de igualdad.
Estas breves consideraciones permiten dar cuenta de las
relaciones entre la potestad invalidatoria y aspectos sustanciales provenientes del sistema de
Derecho definido constitucionalmente, entre las que se encuentran: la posición de la persona y
sus derechos frente al poder estatal, el sistema de fines y cometidos asignados a la
Administración y el rol los tribunales de justicia respecto de los actos de la Administración.
Lo anterior define el contexto en que se inserta la presente
investigación: el de los poderes administrativos de autocontrol en el Estado de Derecho chileno.
Lo expresado lleva a plantear el primer problema que la
investigación aborda. Éste dice relación con la conformidad o no de los señalados poderes de
autocontrol con el Estado de Derecho delineado por el constituyente chileno y, por tanto, de la
conformidad o no de la potestad invalidatoria atribuida a la Administración del Estado y que
define una posición de privilegio frente a los sujetos de derecho común.
La respuesta a esta cuestión implica una revisión, apoyada en la
doctrina comparada, del fundamento que se ha dado para la potestad, así como el examen de los
alcances que ofrece la regulación y reconocimiento legal de la potestad invalidatoria en la Ley
de Bases de los Procedimientos Administrativos, N° 19.880. Esto supone contrastar dichos
poderes, con la posición de la persona y sus derechos en el diseño constitucional chileno, con el
rol de los tribunales de justicia en el esquema de reparto de potestades de control frente a los
actos de la Administración, con el sistema de fines administrativos y su función en la
configuración de las potestades público-administrativas sobre los actos propios y con el actual
sistema de legitimación democrática de la Administración. Todos elementos presentes de
alguna fbrma- en el Estado de Derecho definido constitucionalmente.
A partir de lo anterior, surge el segundo problema que se aborda.
En este sentido, si el sistema posicional de la Administración y las potestades revisoras de actos
propios que de él derivan se condicen con el sistema jurídico-constitucional chileno, la pregunta
es si éste ¿se encuentra o no limitado o condicionado? Y, de ser ello efectivo, ¿cuáles son los
límites o condiciones de ejercicio de la potestad?
Como hipótesis se postula que el poder administrativo de volver
sobre actos propios, revisarlos y retirarlos del mundo jurídico, se funda en poderes de
autocontrol, los que se encuentran en conformidad con el Estado de Derecho diseñado por la
('onstitución Política de la República. No obstante, dichos poderes no son absolutos, sino que se
encuentran limitados y condicionados por otros valores o principios provenientes del mismo
Estado de Derecho diseñado en la Constitución Política de la República, los que gradúan la
intensidad de esta potestad administrativa.
Para comprobar esta afirmación, la exposición de divide en un
capítulo preliminar y, a continuación, tres grandes capítulos. En el capítulo preliminar, se
comienza con las precisiones de rigor que permiten conceptuar la invalidación y la potestad que
la concreta, revisando, al efecto, algunas legislaciones comparadas.
A continuación, en el capítulo primero, se analiza el fundamento
de la potestad administrativa, poniendo especial acento en su conformidad o no con el sistema
constitucional chileno. En este punto, el énfasis se pone en la explicación mayoritaria y
tradicionalmente aceptada de la potestad —tanto en la doctrina comparada, como nacional-,
centrada en la existencia de poderes de autocontrol supuestamente radicados en la esfera de
atribuciones de la Administración estatal.
En el capítulo siguiente se analiza el régimen jurídico de la
invalidación administrativa en el sistema legal chileno. Asimismo, al analizar la regulación legal
del sistema chileno de invalidación administrativa, la atención se orienta especialmente tanto
hacia los avances y soluciones que la regulación nacional ofrece, como hacia las deficiencias o
problemas de interpretación que la aplicación de dicha regulación podría presentar.
Una vez efectuado el examen anterior, en el último capítulo, se
pasa a analizar los posibles límites o condiciones de ejercicio de la potestad estudiada. Siempre
en el contexto del Estado de Derecho chileno.
Finalmente se exponen las conclusiones de rigor. | |
