| dc.description.abstract | La reforma procesal penal que se ha estado implementando en Chile desde el año
2000 ha abierto diversos focos de discusión en el ámbito de las políticas públicas y la
modernización del Estado de Chile. Ella ha significado uno de los hitos más importantes
para la consolidación del estado democrático chileno, ya que se ha pasado de un sistema
inquisitivo, donde había permanentes conflictos en el respeto a los derechos y las garantías
individuales por la concentración del poder procesal en un solo sujeto -el juez-, a un
sistema acusatorio, donde se dividen las fjncioncs de investigar, acusar y juzgar, y los
derechos tanto de los imputados como de las víctimas son expresamente reconocidos.
Desde la perspectiva de las políticas públicas y la administración de la justicia el
antiguo procedimiento penal chileno se caracterizaba por una gestión lenta y en extremo
burocrática de los procesos judiciales, por un estilo anónimo de atención a las personas. las
que generalmente no veían al juez, generándose desconfianza hacia el sistema,
especialmente por lo poca transparencia que este ostentaba. También existía la percepción
de que este sistema no proporcionaba un adecuado acceso a la justicia, apareciendo desazón
y poca credibilidad en la sociedad de que los entes encargados de la administración de
justicia pudieran resolver los conflictos de los que se hace cargo. Por último, este sistema
no respetaba los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
La puesta en marcha de esta reforma no sólo ha implicado la participación de las
instituciones públicas asociadas al sistema judicial, como el Poder Judicial, Ministerio de
Justicia, Ministerio Público, sino que de muchos otros establecimientos, por lo que las
necesidades de coordinación, de inyección recursos y de evaluación han sido permanentes,
y no ajenas a problemas. Todos los fundamentos de una justicia transparente. ágil y
moderna han tenido que luchar con las viejas culturas institucionales, las que ahora tienen
un llamado de atención a "rendir cuentas" de sus prácticas públicas. | |
