| dc.description | La normativa que regula el consumo del cannabis en Chile – y en gran parte del mundo - genera una serie de externalidades negativas, entre las cuales podemos señalar: a) narcotráfico, ya que la distribución de la planta se traspasa a aquellos que distribuyen drogas duras, b) gasto de recursos fiscales en el control policial, proceso judicial y penitenciario que coopta tanto a traficantes como consumidores, c) intoxicación, ya que al tratarse de una transacción informal e ilegal, nadie certifica la calidad de la sustancia transada, pudiendo experimentar una adulteración al mezclase con productos químicos de alta toxicidad en busca de abaratar los costos y aumentar las ganancias de quien la distribuye, d) detrimento de las libertades individuales, las se ven pasadas a llevar por la normativa prohibicionista, que permite a las fuerzas policiales – en pos de la aplicación de la ley de drogas – realizar allanamientos sin órdenes judiciales, y e) extrema judicialización y encarcelamiento de la población al no discriminar entre usuarios – recreativos o terapéutico/medicinal – y traficantes, ya sea grandes o pequeños. La posibilidad de analizar la actual política pública sobre el cannabis en Chile desde una perspectiva costo-beneficio que permita dimensionar no tan sólo las variables
involucradas en el fenómeno, sino cuantificar los recursos que el Estado destina al control, fiscalización de la población usuaria, es una alternativa que releva el costo de oportunidad que esta inversión alcanza en numerosas alternativas sociales olvidadas o rezagadas que serían factibles de financiar. En este sentido, el presente estudio apunta a colaborar en la toma de decisiones hacia una modificación de la política pública sobre el tratamiento del cannabis, mediante el ejercicio de identificación de las variables inherentes a su mercado en Chile; universo, precio y demanda, planteando un escenario de legalización de su consumo, su comercialización y tributación, contemplando las consideraciones económicas de la oferta y la demanda, sus externalidades y bienes sustitutos; jurídicas, revisando las distintas experiencias internacionales alternativas a la prohibición que han descriminalizado el consumo en distintos grados, pasando de castigos penales a civiles y, en algunos casos, definitivamente
legalizándolo; político-filosóficas, reflexionando acerca de las libertades individuales en un
Estado de Derecho; y de salud, presentando algunos de los principales resultados de estudios
científicos acerca de las consecuencias para el consumidor de cannabis a modo de
antecedentes éticos para la propuesta final, ya que cualquier propuesta destinada a cambiar la
situación legal del cannabis debe tomar en cuenta los efectos en la salud y psicológicos
derivados de su consumo, el cual resulta como menos tóxico y perjudicial para la salud pública
que el de otras drogas ilícitas y lícitas, como el alcohol y el cigarrillo. Asimismo, en este
último punto, se destacan experiencias internacionales exitosas de uso terapéutico del cannabis en usuarios de drogas duras, representando una oportunidad para el empleo de un nuevo enfoque de salud pública para los usuarios, la reducción de daños.
Finalmente, la estimación de los potenciales nuevos ingresos al Estado producto de la
recaudación del mercado del cannabis, sumado al costo de oportunidad de los recursos
policiales, judiciales y penales utilizados en el control y fiscalización de su consumo, y los beneficios terapéuticos que presenta, constituyen elementos de juicio a considerar al momento de evaluar la legalización de su consumo, escenario que se muestra como más favorable, social y económicamente, que el paradigma actual que configura la normativa de prohibición en Chile. | |
