| dc.description | Los servicios públicos de red: telecomunicaciones, gas, electricidad, sanitarios, se prestan en régimen de concesiones otorgadas por el Estado, las que autorizan a los prestadores el derecho a ocupar bienes nacionales de uso público para el tendido de postaciones, cables y ductos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a las disposiciones de las leyes especiales que los regulan. Sin embargo, las normas no han desarrollado un régimen jurídico integral respecto de esta ocupación. Hay vacíos, dispersión y colisión de normas en materias específicas como es el caso de los costos económicos asociados a la ocupación del territorio público. El Ministerio de Obras Públicas, el SERVIU, o las municipalidades y las empresas prestadoras de servicios básicos se ven recurrentemente confrontados en torno a la responsabilidad por los costos que surgen en casos de obras públicas que pueden implicar traslados de las instalaciones de red que ocupan los caminos, calles u otros bienes nacionales.
Se hace una revisión descriptiva de la legislación aplicable y se formulan observaciones criticas a la solución parcial del problema por parte del legislador. A partir de la concurrencia de diversidad de intereses tanto de particulares como del bien común, se propone una solución de lege ferenda que equilibre la asunción de costos ante los traslados o modificaciones que se deben aplicar a las instalaciones existentes en caminos públicos. | |
