| dc.description | El proyecto El Morro, que se ubicará en la zona cordillerana de la Región de Atacama, busca extraer oro y cobre, con un presupuesto de 3.900 millones. Actualmente, enfrenta un recurso de protección presentado por las comunidades diaguitas, el cual fue desechado por la Corte de Apelaciones de Copiapó en abril de este año.
Por este motivo, las comunidades diaguitas de la comuna del Huasco apelaron al fallo ante la Corte Suprema, alegando que la autorización otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) vulneró el convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile, el cual exige la consulta indígena a proyectos que les afecten directamente.
Al respecto, el INDH presenta un Amicus Curiae que consigna que “el deber de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas obliga a todos los órganos del Estado cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente, a través de sus instituciones representativas, mediante un procedimiento realizado de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. | |
