dc.contributorCasas, Martha
dc.creatorHernández Colorado, Carlos Alberto
dc.date.accessioned2023-10-03T15:28:03Z
dc.date.accessioned2024-05-16T21:33:57Z
dc.date.available2023-10-03T15:28:03Z
dc.date.available2024-05-16T21:33:57Z
dc.date.created2023-10-03T15:28:03Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10901/26867
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9487394
dc.description.abstractEl problema de la vinculación y/o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de los grupos de delincuencia organizada (GDO) en contextos urbanos, no es un problema exclusivo de Colombia ni de la ciudad de Bogotá. Aunque el ordenamiento penal nacional en su artículo 188 D brinda algunos elementos para a enfrentarlo. Fue objetivo de esta investigación establecer si dicha normativa, examinada a la luz de su aplicabilidad en el contexto preciso de la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., en el período 2020-2021, resultaba suficiente para enfrentar el problema cuando el énfasis sobre el verbo rector “instrumentalizar” es impreciso para enfrentar “el reclutamiento y/o vinculación” a organizaciones de estructura y jerarquía complejas. El estudio tiene un enfoque cualitativo hermenéutico, es de tipo descriptivo y método e inductivo y se dividió en cuatro partes, seguidas de unas conclusiones y recomendaciones. La primera parte, se ocupa de los aspectos preliminares a la investigación; la segunda, describe los elementos normativos internacionales y nacionales, la jurisprudencia y política pública nacional en la materia; la tercera, discute analíticamente los conceptos de reclutamiento y/o vinculación e instrumentalización de NNA en los contextos urbanos; la cuarta, presenta el caso de la localidad de que Kennedy; y, en las conclusiones y recomendaciones se sintetizan los datos recabados en relación con el debate conceptual respecto del “uso de menores de edad la comisión de delitos” y se proponen las medidas adecuadas a la exigencia penal de atender el “reclutamiento de NNA” por los GDO en contextos urbanos como un problema de atención y como el más importante de los agravantes punitivos atendiendo los estándares internacionales reconocidos por Colombia.
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dc.relationCongreso de la República. Ley 12 de 1991. "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989". Bogotá D.C., enero 22 de 1991.
dc.relationCongreso de la República. Ley 418 de 1997. Prorrogada su vigencia, por el art. 1, Ley 548 de 1999, Modificada Parcialmente por la Ley 782 de 2002, Reglamentada por el Decreto Nacional 128 de 2003, Reglamentada por el Decreto Nacional 2767 de 2004, Reglamentada por el Decreto Nacional 395 de 2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 1059 de 2008, Reglamentada por el Decreto Nacional 1980 de 2012, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., marzo 3 de 2016.
dc.relationCongreso de la República. Ley 548 de 1999. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones. (Modificada por la Ley 642 de 2001) Bogotá D.C., diciembre 23 de 1999.
dc.relationCongreso de la República. . Ley 599 de 2000, por el cual se expide el Código Penal. Bogotá D.C., julio 24 de 2000.
dc.relationCongreso de la República. Ley 704 de 2001. “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación", adoptado por la Octogésima Séptima (87a.) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)”. Bogotá D.C., noviembre 27 de 2001.
dc.relationCongreso de la República. Ley 742 de 2002. Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998). Bogotá D.C., junio 5 de 2002.
dc.relationCongreso de la República. Ley 782 de 2002, por medio del cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones. Bogotá D.C., diciembre 23 de 2002.
dc.relationCongreso de la República. Ley 833 de 2003. Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000). Bogotá D.C., julio 10 de 2003.
dc.relationCongreso de la República. Ley 975 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. (Ley de justicia y paz).
dc.relationCongreso de la República. Ley 906 de 2004. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Bogotá D.C., agosto 31 de 2004.
dc.relationCongreso de la República. Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Bogotá D.C., noviembre 8 de 2006.
dc.relationCongreso de la República. Ley 1955 de 2019. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Mayo 25 de 2019.
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia C-578-02. Declara EXEQUIBLE la Ley 742 del 5 de junio de 2002.
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia C-535-02. Declara EXEQUIBLE la Ley 704 de 21 de Noviembre de 2001, por medio de la cual se aprueba dicho convenio.
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia C-172-04. Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia C-203-05. Declara EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 2002, “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia C 468 de 2009. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de doce (12) años” contenida en el artículo 127 del Código Penal.
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia C781 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa. Declara EXEQUIBLE, en los términos de la presente providencia, la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
dc.relationCorte Constitucional. Auto 009 de 2015. Por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia C-069 de 2016. Declara EXEQUIBLE la expresión “[s]iempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo de la Dejación de las Armas”, contenida en el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011
dc.relationCorte Constitucional. Sentencia T - 278 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
dc.relationCorte Constitucional, Sentencia C-092 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería. La intención del constituyente no fue excluir a los adolescentes de la protección especial otorgada a la niñez, sino hacerla más participativa respecto de las decisiones que le conciernen.
dc.relationCorte Constitucional, Sentencia C – 203 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda. La Constitución Política no se refiere expresamente al tema de la responsabilidad penal de los menores de edad. Sin embargo, tanto el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado, como la ley colombiana, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia, junto con la doctrina especializada en la materia, coinciden en una premisa básica: los menores de edad que han cometido conductas constitutivas de violaciones de la ley penal son responsables frente al Estado y frente a la sociedad por sus acciones.
dc.relationCorte Constitucional, sentencia C-140 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo. La normas penales previstas en los artículos 14 de la Ley 418 de 1997 y 162 de la Ley 599 de 2000, lejos de controvertir los preceptos internacionales en la materia, aseguran la penalización de las conductas proscritas por la comunidad internacional frente al reclutamiento y utilización de menores en los conflictos armados. De hecho aunque los tipos penales no son idénticos a los previstos en el DIH o en DPI, -como no lo son ellos entre sí-, es claro que las conductas que tales disposiciones internacionales pretenden evitar en el concierto del conflicto armado, están previstas en el derecho penal interno.
dc.relationSentencia C – 684 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. La indeterminación normativa en el procedimiento previsto en el artículo 191 del Código de la Infancia y la Adolescencia, deriva en obstáculos para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los adolescentes sorprendidos en flagrancia y desnaturaliza la presunción de inocencia.
dc.relationCorte Constitucional, Sentencia C-240 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional se establecen directrices que constituyen un importante marco normativo a nivel internacional, que prohíbe el reclutamiento y vinculación de niños y niñas tanto en los grupos armados irregulares como en la fuerza pública de los Estados.
dc.relationCorte Constitucional, Sentencia C-468 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. La jurisprudencia constitucional ha coincidido en señalar que, de acuerdo con la Carta Política, es al Congreso de la República a quien se le atribuye la competencia para diseñar la política criminal del Estado, correspondiéndole entonces crear, modificar o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, y fijar la clase y magnitud de las penas de acuerdo con criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados.
dc.relationCorte Constitucional, Sentencia T – 012 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
dc.relationCorte Constitucional, Sentencia C- 121 de 2012. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. TIPO PENAL DE USO DE MENORES DE EDAD EN LA COMISION DE DELITOS-Delito autónomo y no da lugar a una vulneración de la prohibición de doble incriminación/POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO-Limitada por los deberes de observar la estricta legalidad, respeto de los derechos constitucionales y de los principios de proporcionalidad y razonabilidad del tipo penal y su sanción
dc.relationCorte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-158702016 (44931), Nov. 2/16, Radicación 44931. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
dc.relationMinisterio del Interior. Decreto 1581 de 2017 “Por el cual se adiciona el Título 3 a la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para adoptar la Política Pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 2124 de 2017, “Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
dc.relationPresidencia de la República. Decreto 552 de 2012. Por el cual se modifica el Decreto 4690 de 2007 "por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.
dc.relationPresidencia de la República. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2013). Las rutas para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.
dc.relationPresidencia de la República. Decreto 1434 de 2018. "Por el cual se adopta la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales organizados".
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dc.relationPolicía Nacional. SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO, DELINCUENCIAL, CONTRAVENCIONAL Y OPERATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL – SIEDCO. https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/bi/seguridad_convivencia/siedco
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectreclutamiento de NNA
dc.subjectutilización de NNA
dc.subjectgrupos delictivos organizados (GDO)
dc.subjectCódigo Penal colombiano
dc.subjectlocalidad de Kennedy (Bogotá D.C.)
dc.titleInsuficiencias del Código Penal Colombiano para Enfrentar El Problema De La Vinculación Y Reclutamiento de Los Niños, Niñas Y Adolescentes Por Parte De Grupos Delictivos Organizados – Gdo- En Contextos Urbanos


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