Sanciones administrativas derivadas del incumplimiento en el contrato estatal

Abstract

Los contratos de la administración pública, como negocios jurídicos, resultan ser elementos de importancia capital del control interno de las entidades del Estado, pues desde su proposición, pasando por su celebración y ejecución, hasta culminar con su liquidación, es fuente de posible riesgo patrimonial para el Estado, de modo que deben existir herramientas que permitan llamar en garantía a aquellos quienes tengan responsabilidad en el detrimento del erario público, como producto de un incumplimiento. Por lo anterior, los contratistas de la administración son llamados a responder por los recursos puestos a su disposición para la ejecución de los objetos contratados en igualdad de condiciones, que aquellos funcionarios con facultades de ordenar el gasto público, esto es, los gestores fiscales. De esta manera dichos escritos resaltan las diferentes actuaciones administrativas que propenden por sancionarlos, y los criterios para identificar los casos en los cuales un contratista de la administración puede verse compelido a responder sancionatoriamente por su incumplimiento contractual.