Políticas públicas en Colombia frente al consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA)

Abstract

En 1993, la ley determinó, por un lado, la universalidad del cubrimiento para el consumo, siguiendo el espíritu de la Constitución política de 1991; y por el otro, el primer Plan Obligatorio de Salud (POS), que reglamentó la ley, excluyó las patologías crónicas de las adicciones a las SPA. Desde esa época, se han presentado unos hitos que han definido la forma como las distintas profesiones se acercan al estudio general de las drogas.

El hito que más ha impactado al país respecto al uso de SPA es la Sentencia C-221 de 1993, de la Corte Constitucional. Esta sentencia fue expuesta y defendida por Carlos Gaviria. Quienes participaron en la discusión y en la redacción final del documento sentaron las bases para la comprensión del enfoque de derechos en las adicciones, el cual se fundamenta en la reducción de daños. Desde entonces, ha habido cambios radicales en la política y, por lo tanto, en la capacidad adecuada para lograr una oferta de servicios íntegra. La exclusión del POS de tratamientos contra consumos de SPA implicó un descuido en el entrenamiento clínico de los profesionales y facultades involucradas en la salud mental (a partir de 1993), práctica que todavía muestra un atraso significativo. A pesar de que la sentencia ha tenido mucha discusión en los ámbitos académicos, la atención clínica de la patología crónica de las adicciones no contó con este beneficio hasta el año 2012. No obstante, permanece latente el asunto en salud pública como se puede ver en estudios de consumo y en oferta de servicios, sin embargo este no tiene el mismo nivel de avance en la atención terapéutica.