Consecuencias jurídicas en la readecuación de los términos originales de los contratos de concesión de infraestructura férrea en Colombia

Abstract

A lo largo de la historia, el Estado colombiano ha impulsado la ejecución de obras de infraestructura férrea, así como su operación y mantenimiento mediante diferentes modelos contractuales. Sin embargo, de los 3.533 kilómetros de red existente aproximadamente, hoy Colombia cuenta con apenas 1000 kilómetros de corredores férreos en operación, de los cuales 245 km se encuentran concesionados, otros tramos están siendo administrados por el INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI), además de algunos tramos privados con destinación específica. Consecuencia de lo anterior, los generadores de carga de importación y exportación no han asumido el transporte férreo como un modo eficiente, seguro y competitivo que permita sustituir o complementar al modo carretero o aeroportuario. En los años 1998 y 1999 se adjudicaron en concesión más de 1500 km de la red férrea, uno de estos contratos fue caducado en el año 2017 y sobre el otro apenas se opera el 15% de su área concesionada inicialmente. Por lo anterior, es dable cuestionar la consecución de los fines del Estado, a través de los contratos de concesión férrea de la red del Pacífico y Atlántico; por lo cual, en el presente trabajo se hace una descripción de los aspectos de orden jurídico, técnico, social, económico y financiero, en torno a la problemática que enfrenta el sistema. Esta descripción realizó a través del estudio de los documentos precontractuales y contractuales de los contratos de concesión férrea del último siglo, sus modificatorios, los documentos CONPES, Planes de Desarrollo y conceptos de entidades como el Banco Mundial, la ANI el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Cámara Colombiana de Infraestructura. De esta manera, se lleva a cabo un estudio sobre las implicaciones jurídicas que se derivan del incumplimiento de los objetivos del Estado y la falta de capacidad para garantizar el interés general mediante la contratación estatal, como instrumento constitucional y legalmente apropiado dentro del Estado Social de Derecho para la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, libertad, dignidad humana, salud, trabajo, educación y movilidad, basado en los principios de planificación, eficiencia y economía.

Throughout history, the Colombian State has promoted the execution of railway infrastructure works, as well as its operation and maintenance through different contractual models. However, of the approximately 3,533 kilometers of existing network, today Colombia has barely 1,000 kilometers of railway corridors in operation, of which 245 km are under concession, other sections are being managed by INVIAS and the National Infrastructure Agency (in ANI ahead), in addition to some private sections with a specific destination. As a consequence of the above, the import and export load generators have not assumed rail transport as an efficient, safe and competitive mode that allows replacing or complementing the road or airport mode. In the years 1998 and 1999, more than 1,500 km of the railway network were awarded a concession, one of these contracts expired in 2017 and only 15% of its initially concessioned area is operated on the other. Due to the above, it is possible to question the achievement of the goals of the State, through the railway concession contracts of the Pacific and Atlantic network; Therefore, in the present work a description of the legal, technical, social, economic and financial aspects is made, around the problems faced by the system. This description was made through the study of the precontractual and contractual documents of the railway concession contracts of the last century, their amendments, the CONPES documents, Development Plans and concepts of entities such as the World Bank, the ANI, the National Planning Department ( DNP) and the Colombian Chamber of Infrastructure. In this way, a study is carried out on the legal implications that derive from the breach of the State's objectives and the lack of capacity to guarantee the general interest through state contracting, as a constitutional and legally appropriate instrument within the Social State of Law for the protection of fundamental rights to equality, freedom, human dignity, health, work, education and mobility, based on the principles of planning, efficiency and economy.