Sentencia SU-020 de 2022 (Estado de Cosas Inconstitucional en materia de seguridad de firmantes del Acuerdo Final de Paz)

Abstract

En noviembre de 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En él, se consagraron una multiplicidad de compromisos en clave de seis grandes “puntos”: 1. La reforma rural integral; 2. La participación política; 3. El fin del conflicto; 4. La solución al problema de las drogas ilícitas; 5. Las víctimas del conflicto, y 6. La implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Si bien a lo largo del acuerdo se establecieron diferentes mecanismos y garantías para los antiguos miembros de las FARC-EP que se hubiesen desmovilizado, el punto 3 incluyó de manera expresa una herramienta en materia de “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.