La protección del medio ambiente en el Estado autonómico español: limitaciones y mecanismos de tutela

Abstract

La aportación que los Estados pueden realizar en la actualidad a la protección del medio ambiente se encuentra constreñida por la pluralidad de niveles de poder que caracteriza a la sociedad mundial, lo que exige tener en consideración tanto las instancias supranacionales como las infraestatales. El presente trabajo aborda de qué manera la tutela medioambiental puede acometerse desde la forma de Estado compuesto que constituye el Estado autonómico español. Para ello, se expone la delimitación competencial efectuada por la Constitución española de 1978, que ha configurado una competencia compartida en la que al Estado central le corresponde la legislación básica sobre protección del medio ambiente y a las comunidades autónomas la de gestión y la de establecimiento de normas adicionales de protección. En dicho margen de actuación se analizan las diferentes técnicas empleadas por los Estatutos de Autonomía dirigidas a la protección de la naturaleza: un marco competencial propio, un mandato de actuación a los poderes públicos y un derecho a disfrutar del medio ambiente.

State contribution to environmental protection is currently constrained by the plurality of levels of power that characterises global society, which means that both supranational and infra-state levels must be taken into consideration. This paper addresses the way in which environmental protection can be undertaken in Spanish autonomous State as a form of composite State. To this end, it sets out the delimitation of powers established by the Spanish Constitution of 1978, which has configured a shared competence in which central State is responsible for basic legislation on environmental protection and Autonomous Communities can manage and establish additional protection regulations. Within this scope of action, Statutes of Autonomy have employed different techniques for the protection of nature, which are analysed: a framework of powers, a mandate for action by the public authorities and a right to enjoy the environment.