| dc.description | El día en que esto escribo, aguardo con cierta impaciencia,
supongo que como todos ustedes y como el público en general, la tan
esperada decisión de la Corte Suprema de Justicia acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
Es que, transcurriendo casi un cuarto de siglo desde los últimos
episodios subversivos, toda nuestra sociedad espera que —sin desmedro de los sentimientos de quienes han padecido en ellos— ha llegado
la hora de cerrar definitivamente esos trágicos hechos de nuestra no
tan lejana historia y dejar de mirar hacia el pasado, más aún cuando
la comunidad nacional debe afrontar, y por largo tiempo, la profunda
crisis moral y material que la aflige desde hace varios años, pero que
sin duda sucederá.
Este acto de bajar el telón sobre circunstancias que hirieron gravemente la sensibilidad de nuestro pueblo, ha sido afrontado con éxito por varias naciones que atravesaron por parecidas circunstancias.
Tal política de conciliación ha sido aplicada sin resquemores y
con éxito por nuestra hermana República Oriental del Uruguay en la
que su Congreso aprobó una amplia amnistía, ratificada por la Suprema Corte y por un referéndum celebrado en 1988; por varias naciones europeas y por la República de Sudáfrica. En Francia, luego de
los dramáticos episodios del alzamiento argelino, fueron amnistiados
y restituidos a sus grados los oficiales que habían intervenido en ellos;
algo parecido sucedió en Italia, y en España, poco años después de
concluida su tremenda guerra civil, se prohibió exponer el tema tanto visualmente como por escrito; y en Sudáfrica, fue creada una Comisión para la Verdad y la Reconciliación destinada a investigar las
violaciones a los derechos humanos e identificar a sus autores, pero
sin otra sanción que la de publicar sus nombres.
Menciono así mismo que en las naciones liberadas del yugo soviético estos últimos años, se encuentra prohibido investigar hechos
anteriores a dicha liberación... | |
