El contexto mundial, principalmente a partir de la Revolución Industrial, ha demostrado que la tendencia en la dinámica poblacional es la migración del campo a las ciudades, proceso que se identifica en Argentina, donde actualmente el 92% de su población se concentra en las ciudades y principalmente en áreas metropolitanas, las cuales consumen el 35% de la energía utilizada en el país. En este sentido, la energía se comporta como una variable estructural y crítica del sistema urbano, donde encontramos que la demanda energética nacional se ve fuertemente incidida por sectores como el Transporte, el Residencial y el Industrial. Por otro lado, a partir de la privatización de servicios públicos en la década de los 90’ y las distintas políticas neoliberales adoptadas en Argentina, la sociedad ha sufrido serias consecuencias respecto del servicio domiciliario, con tarifas y precios al consumidor que crecieron sustancialmente. Si bien, durante el período 2002-2015, fueron parcialmente moderadas a partir del congelamiento y pesificación de las tarifas de gas y electricidad, y la posterior incorporación de un esquema de subsidios; posteriormente la administración que asumió en 2015 decidió eliminar dichos subsidios, lo que retomó en incrementos de las facturas residenciales, aumentos en las tarifas de servicios energéticos, en concordancia con un aumento de la inflación, mayor desempleo y, por ende, aumento de la pobreza estructural e indigencia. Así, en 2017, el gobierno optó por incorporar el concepto de “Pobreza energética”, como catalogación de hogares que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de los servicios de energía, o bien, que no cuentan con acceso a redes de gas natural o electricidad.Universidad Nacional de La Plata