El proceso de privatizaciones en la siderurgia Argentina y defensa de la competencia : SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina)

Abstract

En el decenio de los 70’ realizaron cambios estructurales en la economía argentina, se terminó conformando un nuevo modelo económico basado en la acumulación financiera, se restringió la participación del estado en la asignación de recursos lo que logró una hegemonía para el mercado y se desarticulo el sector industrial local, causando como efecto principal el beneficio inmediato y de largo plazo para las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales. Se registraron importantes transformaciones estructurales, debido a una expansión relativa de las etapas productivas básicas y a un redimensionamiento de las etapas finales, en las básicas se genera una acentuada concentración de la producción, en tanto se despliega un notorio proceso de fusiones y absorciones de empresas. En este contexto sectorial, Siderca SA. Es una de las mayores empresas siderúrgicas del país y ejerce un control monopólico en la producción local de tubos sin costura. Para 1989 comenzó la etapa final del proceso de privatizaciones, a través de la Ley 23.696/89 de “Reforma del Estado” que se anunció como un programa integral de privatizaciones que declaraba sujetas a privatización a la mayoría de las empresas estatales, donde SOMISA no fue la excepción. En la legislación argentina contábamos con El Decreto-Ley de Defensa de la Competencia N°22.262, que no tenía alcance para el control previo de las concentraciones económicas y no comprendía la prohibición “per se” de conductas anticompetitiva, lo cual no sería de mucha ayuda para detectar una afectación al bien protegido y recién sería derogado por la Ley N° 25.156 en el año 1999 la cual recién entonces toma un criterio para detectar actos o conductas anticompetitivas y la mejora más destacable de esta ley es que traería un control previo de fusiones y adquisiciones, dejando hasta entonces más de mil operaciones de F&A en la década de los 90’. Actualmente, la legislación argentina actualmente cuenta con herramientas jurídicas para evitar conductas nocivas para la economía en comparación con lo que fueron las leyes antecesoras, que fueron fácilmente eludidas por carecer de estos mecanismos y que si hubiese contados con los mismos, algunas adquisiciones y fusiones no deberían haber tenido lugar.