Principios jurídicos doctrinarios que sustentan la punibilidad de los administradores de hecho de las personas jurídicas, para incluirlos en el articulo 27 del Código Penal Peruano

Abstract

El incremento de la complejidad del sistema social moderno ha mostrado una mayor intervención de los sistemas organizacionales empresariales en la sociedad. La intervención de éstos nuevos partícipes en las personas jurídicas, evidencia que el sistema social está reconfigurando sus estructuras.

El Artículo 27 del Código Penal, establece la punibilidad de la actuación en nombre de otro, como en el caso de una persona jurídica el que actúa como órgano de representación autorizado o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero si en la representada. Pero la conducta delictiva de las personas jurídicas no solo es realizada por estos sujetos, sino que las empresas utilizan a los administrados de hecho y a los apoderados de dichas empresas a fin de evadir la responsabilidad penal, y a efectos de que la responsabilidad penal de estos no quede impune. Los problemas jurídicos penales que se han presentado en el Estado, ponen en tapete la insuficiencia de los mecanismos de imputación,

La actuación en lugar de otro sirve para cubrir los vacíos de punibilidad que se presentan en los delitos especiales cometidos por representantes tanto de personas jurídicas como de personas naturales, incluso autores consideran que su ámbito de aplicación podría ampliarse a los sujetos que actúan fácticamente en el lugar de otro, aun cuando no exista propiamente una relación de representación legal o voluntaria; es justamente a tal consideración a la que está llegando en la presente tesis incluir a aquellos representantes que sin tener una representación formal, deben ser incluidos en el artículo 27 del código penal peruano, a efectos de tener responsabilidad penal, con esto se estaría resolviendo este problema, gracias a la ayuda de los principios doctrinarios que fundamentan la responsabilidad penal de los administradores de hecho, y su sanción penal acorde con un Estado Social y Democrático.

The increasing complexity of modern social system has shown greater involvement of business organizational systems in society. The involvement of these new partners in legal entities, evidence that the social system is reshaping its structures.

Article 27 of the Criminal Code establishes criminal liability for acting on behalf of another , as in the case of a legal person who acts as a representative body authorized partner or authorized representative of a company and carries out the statutory rate of crime He is responsible as author, although special issues underpin the penalty of this kind do not concur in it, but if you represented . But criminal behavior of legal persons is not only performed by these subjects, but that companies use to managed fact and managers of these companies in order to evade criminal responsibility, and for the purposes of criminal liability of these non It goes unpunished. Criminal legal problems that have arisen in the state, put into sharp focus the failure of the mechanisms for charging ,

It acting instead used to fill gaps in punishable served on special crimes committed by representatives of both legal persons and natural persons, including authors consider that its scope could be extended to the agents operating in factually instead, even when there is no actual relationship of legal or voluntary representation ; it is precisely this consideration which is coming in this thesis include those representatives without formal representation , they should be included in Article 27 of the Peruvian Penal Code, in order to have criminal responsibility, this would solve this problem, thanks to the help of the doctrinal principles underlying the criminal liability of directors in fact, and criminal sanction in accordance with a social and democratic state