La responsabilidad del estado Colombiano, toma su sustrato inicial de la francesa y actualmente se encuentra regulada por una jurisdicción autónoma: la contencioso administrativa, excepto cuando se demanda a una empresa industrial y comercial del estado a una sociedad de economía mixta, momentos en los cuales la jurisdicción competente es la ordinaria, porque el Estado actúa como un particular. El Estado responde actualmente de forma global y por mandato imperativo constitucional (Art. 90 Constitución Política de Colombia de 1991) por cualquier daño antijurídico que le ocasione a un particular con su actual: administrativo, legislativo o jurisdiccional