Percepción sobre los fundamentos político criminales asociados a la intervención mínima y la despenalización del delito de malversación de fondos

Abstract

El objetivo de esta investigación fue analizar las percepciones de los operadores de derecho sobre los fundamentos político criminales asociados a la intervención mínima y la despenalización de las tipologías en relación al delito de malversación de fondos, en el Distrito Fiscal y Judicial de Tumbes, 2020. Metodológicamente la investigación es cuantitativa, de tipo descriptiva – explicativa, basada en un diseño no experimental. La población fue de 50 operadores de derecho (Magistrados de la Corte de Justica de Tumbes, fiscales del Distrito fiscal de Tumbes y abogados adscritos al Colegio de Abogados de Tumbes). No se realizó muestreo. Como técnica de recolección de información se empleó la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario de 15 ítems (α=0.80). Se calcularon la media y la desviación estándar, y se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para identificar las relaciones entre las variables. Los resultados indican que los operadores de derecho se encuentran de acuerdo con los fundamentos políticos criminales asociados a la intervención mínima en relación al delito de malversación de fondos; sin embargo, muestran una percepción neutral respecto al indicador principio de economía procesal, asimismo muestran una percepción indiferente en relación a las tipologías del delito de malversación de fondos y se encuentran de acuerdo con la despenalización de malversación de fondos cuando verse sobre dinero ordinario. Se concluye que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las percepciones de los operadores de derecho sobre los fundamentos político criminales asociados a la intervención mínima del derecho penal y la despenalización de las tipologías del delito de malversación de fondos. El trabajo contribuye a sustentar de manera fáctica que debe despenalizarse el delito de malversación de fondos para convertirse en una sanción administrativa atendiendo a la intervención mínima del derecho penal.