| dc.description.abstract | La presente investigación está referida al tema de derechos fundamentales afectados por los residuos sólidos provenientes de la actividad minera formal en la región sur del Perú, en el periodo 1990 a 2016, según nuestra historia republicana, la minería ha sido uno de los principales motores de la economía, y uno de los argumentos más poderosos de la riqueza del Perú. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros, que tienen gran demanda en el mercado de Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. La actividad minera según su explotación es también el origen de muchos desencuentros e inequidades sociales, que han cobrado fuerza en las últimas décadas, y de daños significativos al ambiente. El daño ambiental produce la pérdida, disminución o degradación significativa de los componentes primordiales que son el derecho al agua, a un ambiente saludable, como al trabajo, a la salud que son vulnerados por la minería formal considerablemente en el Perú, trayendo a la población una muerte lenta a los Departamento de Tacna y Moquegua, sin que las autoridades no hagan nada respecto a este problema suscitado por la minera, más al contrario validan su expansión territorial sin importar las graves consecuencias negativas que traen la minería como la destrucción de los bofedales de Huaytire y el bofedal de Ite que es un centro de descanso de las aves migrantes, y la sustracción del agua de las regiones andinas que son el aprovechamiento para el regadío para la agricultura y el consumo humano, pero a la fecha esa aguas llegan en un estado muy contaminado trayendo muertes considerables a la población aledaña mediante las enfermedades del cáncer etc. Sin embargo el Estado se mantiene indiferente, desganado, eludiendo la responsabilidad que le corresponde y no se somete a definir una política nacional del ambiente y a crear los mecanismos para comenzar a prevenir y solucionar esos problemas. Uno de los principales poderes es el poder legislativo es pronunciarse respecto del equilibrio entre el derecho de propiedad al uso sostenible de los recursos naturales y el bien común por cuanto los elementos ambientales como son el aire, suelo, agua y los recursos que contiene son patrimonio de la nación y todo aquello que le afecte es contrario al bienestar de la comunidad ambiental. Ante ello el único principio razonable que puede una sustentabilidad de su aprovechamiento de los recursos naturales sin destruir su capacidad regeneradora, explotarlo cuidando que la riqueza obtenida beneficie equitativamente a aquellas zonas en donde esos se encuentran a todo el país y a las futuras generaciones. A que el estado reconozca el rol regulador y promotor que la Constitución le asigna pero sin renunciar a su autoridad, y los empresarios nacionales y extranjeros que inviertes en el Perú asuman su responsabilidad ambiental reduciendo a niveles tolerables del impacto de sus actividades. | |
