| dc.description.abstract | La violencia familiar, constituye una violación de derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas, en tal sentido limita total o parcialmente a la víctima
en el disfrute y ejercicio legítimo de los derechos a la dignidad, integridad y libertad
personal previstos en los artículos 1, 2.1 y 2.24. de la Constitución Política del Estado. La dignidad, constituye pues, un principio y un derecho de la persona y, como tal
la parte inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover en
pro de una convivencia pacífica que garantice el libre desarrollo y bienestar de los
miembros de una familia y de esta en su conjunto, pues no nos olvidemos que ésta
también podría verse afectada al interferir en el cumplimiento de una de sus funciones
básicas cual es, la protección psicosocial de sus miembros. Dentro de este marco el derecho a la integridad personal se complementa con la
previsión de que nadie pueda ser víctima de violencia, por ser consustancial al hecho
mismo de vivir física psicológica y moralmente con integridad, que el individuo no sea
víctima de violencia, por lo que la realización de ésta conducta conculcaría el propio
contenido esencial del derecho a la integridad personal, hasta el punto de quedar
desvirtuado. Frente a ello y atendiendo a nuestra realidad social (altos índices de violencia
familiar), el Estado emite una serie de normas de protección frente a la Violencia
Familiar, las que se resumen en la Ley N° 26260 Ley de protección Frente a la
Violencia Familiar (22.12.93) TUO D.S. N° 006-97-JUS y su Reglamento D.S. 002-
98, en las que se destaca la posibilidad de otorgar a la víctima una suerte de tutela
urgente, nos estamos refiriendo a las medidas de protección, las mismas que pese a
no tener una enumeración limitativa devienen en ineficaces por no contar con un
mecanismo de seguimiento que asegure su ejecución y lo que es peor, la pasividad
de las autoridades encargadas de su aplicación, pues no pasan de ordenar el cese
de todo acto de violencia y la prohibición de acoso a la víctima, restando importancia
a los demás supuestos contemplados en la norma, echándose abajo con ello los
esfuerzos del Estado, en su política pública de erradicación de los niveles de violencia
en el país. | |
