La intervención del Estado en la prórroga del plazo de pago en los contratos de arrendamiento celebrados entre privados. A propósito del Proyecto de Ley 5004/2020-CR

Abstract

La tesis tiene como objetivo analizar un proyecto de ley donde se proponían medidas complementarias a favor de los arrendatarios que estuvieran en situación de vulnerabilidad como consecuencia del estado de emergencia por el brote de la pandemia. Dicho proyecto ha generado muchos cuestionamientos debido a las diversas carencias que posee. La intervención estatal en los contratos de arrendamiento celebrados entre privados, tal y como lo plantea el proyecto, devendría en inconstitucional. No porque se considere que existe una santidad contractual que impida tajantemente al Estado intervenir y/o modificar dichos contratos, sino porque su aprobación implicaría una intromisión que no obedece en estricto a un interés general y, por el contrario, resulta parcializado, favoreciendo únicamente a una de las partes que conforman la relación contractual y perjudicando a la otra. El estudio se desarrolló en cuatro capítulos: en el primer capítulo se presenta los principales contenidos teóricos y normativos del contrato en forma general, teniendo en cuenta la realidad jurídica peruana; en el segundo capítulo se define y desarrolla los aspectos más importantes del contrato de arrendamiento, como son su naturaleza jurídica, sus características y la 14 normatividad tanto peruana como del derecho comparado; en el tercer capítulo se ha tratado el tema de la libertad contractual, considerado como un derecho fundamental, con el fin de tener presente sus contenidos para un mejor análisis del Proyecto de Ley que se desarrolla en el capítulo cuarto. Es conforme a estos contenidos que se ha podido establecer las conclusiones tales como: la vulneración constitucional que el Proyecto causaría al derecho fundamental de la libertad contractual, atentaría específicamente contra la libertad de configuración interna y no contra la libertad de conclusión, esto debido a que el contrato de arrendamiento habría sido celebrado previamente de manera libre y voluntaria por las partes, y la injerencia estatal, de aprobarse el proyecto tal cual ha sido presentado al Congreso, modificaría indebidamente los términos que rigen dicho acuerdo.