| dc.description.abstract | A nadie escapará que en los tiempos en que vivimos decidir encarar cualquier tipo de
emprendimiento (aún en el plano familiar o personal), trae aparejado, si se pretende
alcanzar un grado de probabilidad de éxito importante, planificar la tarea en el tiempo.
Nuestra idiosincrasia no se lleva muy bien con esta sana práctica. Tanto en el ámbito
público como en el privado, permanentemente observamos que la improvisación es la regla
y que son pocos los que le asignan vital importancia a la planificación como estilo de
administración.
La planificación no implica, únicamente, proyectar actividades para el futuro, sino también
la forma en que se llevarán a cabo, los recursos económicos con que financiarlas, establecer los márgenes de error aceptables y los mecanismos de control para detectar los desvíos y
rectificar rumbos equivocados.
Por supuesto, existen muchas formas de planificar una actividad económica (de eso se trata
nuestro análisis). Algunas de estas formas responden a metodologías probadas, con rigor
científico en su fundamento, y ampliamente generalizadas. Otras, responden a
requerimientos específicos del ente al que se aplicarán.
La Hacienda Pública responde en esta temática a un conjunto de normas que establecen
claramente cómo debe planificarse, ejecutarse y controlarse la actividad económica del
Estado.
Sin embargo, la adopción de estos procedimientos es relativamente reciente, a partir de
reformas estructurales que se fueron plasmando en normas específicas para la
administración de los recursos del común. Sobre ellos nos referiremos. | |
