| dc.description.abstract | La emergencia de los Derechos territoriales se evidenció en el texto de la Constitución de 1988 cuando ésta consagró el reconocimiento a los pueblos indígenas de los derechos originales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (Art. 231) y, a las comunidades de los quilombos, la propiedad definitiva de las tierras que estén ocupando (Art. 68 da ADCT). Como si eso no bastase, el legislador constituyente confirió naturaleza constitucional a los Derechos culturales, al reconocer tal dimensión en referencia a la biodiversidad brasileña en sus modos de crear, hacer y vivir (Art. 216). De esta forma, los pueblos tradicionales también son incorporados en el rol de Derechos territoriales constituidos y salvaguardados por el más expresivo documento republicano. La presente disertación, a partir de esta constatación, pretende demostrar en qué medida la constitucionalización de tales derechos entran en debate con el Derecho de propiedad, igualmente salvaguardado por el texto constitucional. En este sentido, se busca una referencia en el paradigma dela colonialidad como instrumental teórico de investigación y análisis sobre cómo las estructuras coloniales continúan presentes en la concepción y en el discurso propietario y en la propia legitimación jurídica de tal instituto. El desconocimiento o la invisibilidad de los Derechos territoriales en este contexto correspondieron no sólo a un resultado de este imaginario colonial-propietario sino también de los propios programas oficiales. La superación de esta lógica vislumbra, tanto en la perspectiva del pluralismo jurídico como en la dimensión teórica de la descolonización epistémica, elementos esenciales para garantizar el reconocimiento de estos Derechos territoriales y sobretodo su concretización. Se incluye también en este debate la discusión sobre las posibilidades y los límites del texto constitucional para poner en práctica tales derechos, prácticamente veinticinco años después depromulgados. Para explicitar el estado de la cuestión serán presentadas y analizadas dos situaciones jurídicas que ejemplifican dicho debate y que consideran elementos que permean tal discusión, tanto en el Congreso Nacional como en el Supremo Tribunal Federal. Se trata de la Acción Directa de Inconstitucionalidad, ADI nº 3239/2004 y del Proyecto de Enmienda Constitucional, PEC 215/2000. | |
