¿Qué capacidades estatales se han desarrollado para la implementación de los proyectos de PPP en Uruguay?

Abstract

En el año 2011 se sanciona en nuestro país la ley de “Contratos de Participación Público - Privada para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos”. La misma es presentada por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas de la época como el instrumento que vendrá a incentivar la inversión privada, a la vez que dinamizará las obras de infraestructura cuyo déficit representa el gran cuello de botella para el desarrollo. Si bien esta ley es presentada a los actores políticos como la s alvadora de todos los debe en infraestructura, si miramos el desarrollo de los proyectos en Uruguay, poco se ha avanzado en su implementación, en comparación con lo pronosticado. Los contratos de PPP se definen como “ aquellos en que una Administración Pública encarga a una persona de derecho privado, por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura o alguna de dichas prestaciones, además de la financiación”. (Art.2 Ley N°18.786). Este instrumento viene a operar en un nuevo modelo de Estado Neodesarrollista concebido como un nuevo modo de regulación que genera condiciones institucionales para el arribo y permanencia de la inversión transnacional, al tiempo que despliega políticas sociales compensatorias de redistribución del ingreso imponiendo algunas condiciones al capital transnacional (Santos, y otros 2013). Las PPP pueden ser vistas entonces como herramienta de este nuevo modelo, ya que para que el capital transnacional pueda desarrollar sus actividades, requiere además de determinada infraestructura. Los casos seleccionados para el estudio son los Proyectos del MTOP, Circuitos Viales 0 a 7, los que se encuentran enmarcados en la política pública de desarrollo de infraestructura. Se llega a la conclusión de que en los mismos se cuenta con las capacidades institucionales, administrativas y políticas para ser implementados con éxito, y que el problema puede encontrarse más que en las capacidades del organismo implementador, en el diseño institucional de la herramienta.