Policía Nacional y Estado de Derecho en la República Dominicana

Abstract

En sus actuaciones como Policía Judicial, la Policía Nacional está subordinada al procurador fiscal, quien, de acuerdo con la ley dominicana, debe ser el protagonista de las investigaciones y la persecución de los delitos. Sin embargo, como denuncia el autor de este trabajo, en la práctica, para la época de esta publicación, la Policía Nacional detentaba el monopolio de la administración de la justicia penal dominicana. Las cifras aportadas eran muy elocuentes: en el 100% de los casos la Policía Nacional no comunicaba ni pedía autorización al procurador fiscal para iniciar las investigaciones y persecuciones; en el 100% de los casos que investigaba, la P. N. remitía al procurador fiscal los expedientes ya calificados y con sus interrogatorios ya practicados; y en el 98% de los casos, el procurador fiscal y el juez de instrucción mantenían la calificación del hecho atribuida por la P. N. Como resultado de todo esto la instrucción de los procesos resultaba ser muy pobre y dependía prácticamente en su totalidad de lo que decidía la P. N. Si a esto se le añade que la P. N. no sometía sus actuaciones al imperio de la ley, era evidente que dicha institución fuera entonces la principal fuente de violación del estado de derecho y de las libertades en el país. De ahí que el autor reclamase la reforma de la justicia penal dominicana, particularmente mediante la creación de una policía técnico-judicial de carácter civil que actuara como cuerpo auxiliar del Ministerio Público y el juez de instrucción y mediante la supresión de toda función persecutoria, de investigación e instrucción por parte de la P. N.