| dc.description.abstract | El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal – 2004, consagra el principio: “La justicia penal… Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales…”; dicho postulado, a través de la historia, ha sido concebida desde una perspectiva de soberanía del pueblo de la Grecia democrática y Roma republicana; desde, una visión de enjuiciamiento medioeval inquisitorio; y, desde línea napoleónica inquisitivo mixto o reformado; los dos últimos citados han sido adoptados en el Perú; y, el último, aún subsiste en vigencia en algunos Distritos Judiciales de la capital de nuestra República. Lo reseñado, nos conduce a su relación con el Derecho Internacional de Derechos Humanos, a partir de la firma de la “Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”, base del respeto de la dignidad de la persona humana y del reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentales, entre ellos, el derecho de toda persona acusada de delito, a ser oída por un Juez imparcial, durante la substanciación de una acusación penal en su contra, dentro de un proceso acusatorio, dotado de mínimas garantías. En este enfoque de investigación, es importante el análisis, la conceptualización y los elementos que contiene el derecho a un Juez imparcial, desde su sentido etimológico, significación semántica, de su concepción en la doctrina jurídica y de su interpretación en la jurisprudencia internacional de los tribunales internacionales de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional del Perú. Con lo expuesto, la hipótesis en esta investigación pretende verificar o descartar: existe actuaciones procesales por el Juez de la Investigación Preparatoria, disponiendo la realización de una Investigación Suplementaria, y, del Juez Penal, ordenando la realización de una Prueba de Oficio, que afectan el principio del proceso penal acusatorio y de la imparcialidad del Juez, previstos en los artículos 138º y 159º de la Constitución Política del Estado de 1993 y, en el artículo I del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 957 – Código Procesal Penal – 2004. Se planteó como objetivo general analizar la actuación del Juez, en el ejercicio de la potestad de la jurisdicción, de impartir de justicia penal con imparcialidad dentro de un proceso constitucional acusatorio. Determinar las falencias procesales del Juez, frente a la Investigación Suplementaria, durante el control jurídico de un requerimiento de sobreseimiento o de una acusación; y, ante la Prueba de Oficio, durante la substanciación de una acusación, en el Código Procesal del 2004. La metodología que se utilizó en la presente investigación es de corte analítico – explicativo, dirigidos al análisis y comprensión del derecho a Juez Imparcial, en una investigación de delito o substanciación de una acusación. Mediante el análisis de resoluciones judiciales, disponiendo la Investigación Suplementaria, con afectación al principio acusatorio y al principio de Juez imparcial, efectivamente, se cumple. Con esta investigación se logró llegar a la conclusión: por los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de la potestad de la jurisdicción, durante el control jurídico de un requerimiento de sobreseimiento o una acusación y, durante la substanciación de una acusación, dentro de un proceso penal acusatorio, dotado de garantías mínimas, deben basar sus decisiones con imparcialidad y dentro de un proceso penal constitucional acusatorio. Finalmente, vía lege ferenda se esboza dos propuestas legislativas, una de reforma constitucional y, otra de reforma legislativa, para la solución de la problemática de la Investigación Suplementaria y de la Prueba de Oficio, por el Juez, dirigidas a resguardar los principios de impartición de justicia penal con imparcialidad, dentro de un proceso penal constitucional acusatorio. | |
