Primeros apuntes sobre el contrato de locación con fines habitacionales

Abstract

Si bien es indudable el rol protagónico del Estado a la hora de garantizar el acceso a una vivienda adecuada para la salud, bienestar y seguridad de la población a través de sus políticas públicas; el reconocimiento de este derecho también debería verse reflejado en las normas que regulan la interacción entre particulares. De acuerdo al último censo, en nuestro país existen 1,8 millones de hogares que acceden a una vivienda a través de contratos de locación, regulados enteramente por normas propias del derecho privado.1 Es por esto que resulta central que la regulación de este contrato contribuya a hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda adecuada y a mantenerse en ella. En este sentido, si bien el proyecto de Código ha incorporado normas especiales para reflejar la situación asimétrica en que se encuentran las partes en los contratos de consumo, no ha hecho lo mismo en lo que respecta al contrato de locación urbana. A este respecto, el Código sigue manteniendo la ficción de que el contrato de locación es celebrado entre dos partes que se encuentran en igualdad de condiciones al momento de negociar. Sin embargo, la realidad es otra. La actual situación de emergencia habitacional en la que se encuentran algunos de los más importantes distritos de nuestro país, y el hecho de que una gran parte de la población que habita en centros urbanos no pueda acceder a una vivienda propia, pone al locador en una situación de ventaja evidente respecto del locatario, ya que el exceso de demanda le permite imponer sus condiciones.