Responsabilidad penal del servidor público por la comisión de los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción y desplazamiento forzado en procesos de licenciamiento ambiental de proyectos de interés nacional estratégico

Abstract

El objetivo planteado en este trabajo de grado consistió en estudiar los efectos no convencionales de los delitos contra la Administración Pública, sobre bienes jurídicos diferentes a aquél y en cabeza de la ciudadanía en general, como principal destinataria de las decisiones y actuaciones de los servidores públicos, integrantes del aparato burocrático estatal. Dada la extensión de estas materias, se restringió su análisis a la comisión de los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción, por parte de dos niveles de servidores públicos, pertenecientes a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el marco de los procesos de licenciamiento ambiental de Proyectos de Interés Nacional Estratégico. Así, no solo se explicaron los principales problemas de la regulación ambiental en esta clase de trámites, sino que se cuestionó el desplazamiento involuntario como impacto socioeconómico autorizado por la normatividad ambiental y se sugirió bajo cuáles circunstancias puede dar lugar a la configuración del delito común de desplazamiento forzado. Por último, se formuló una casuística con base en el concurso real de los tres delitos mencionados, con un énfasis en el desplazamiento forzado, y se desarrolló la responsabilidad de los servidores públicos con especial atención al tipo subjetivo configurado en cada caso.

The purpose of this paper was to study the non-conventional effects of crimes against the Public Administration on different legal assets protected and on citizens in general, as the main addressees of the decisions and actions of public servants, who are members of the State bureaucratic apparatus. Given the extension of these matters, their analysis was restricted to the commission of the crimes of bribery and prevarication by action, by two levels of public servants, belonging to the National Environmental Licensing Authority, in the framework of the environmental licensing processes of Projects of Strategic National Interest. Thus, not only were the main problems of environmental regulation explained in this type of procedure, but involuntary displacement was questioned as a socio-economic impact authorized by environmental regulations and it was suggested under what circumstances it could give rise to the configuration of the common crime of forced displacement. Finally, a casuistry was formulated based on the real concurrence of these three mentioned crimes, with an emphasis on forced displacement. The responsibility of public servants was also developed with special attention to the subjective type configured in each case.