Las plataformas digitales de petición y su contribución a la eficiencia de la Administración pública y a la protección ambiental

Abstract

De la misma manera que las redes sociales, en la sociedad contemporánea las plataformas digitales de petición, también llamadas plataformas de activismo, forman parte de la cotidianidad. Plataformas ampliamente extendidas como change.org o avaaz se han convertido en verdaderos medios de petición masivos y generalizados, y en instrumentos de activismo social y visibilización de problemas del más diverso tipo, entre ellos ambientales, en todo el mundo. En este contexto surgen de plano algunas preguntas: ¿Existe regulación al respecto? ¿Es necesaria tal regulación? ¿Cómo se controla la autenticidad de las firmas de los participantes? ¿Cómo se evalúa la legitimación? ¿Contribuyen efectivamente a la democracia a efectos de acortar la distancia entre la Administración y el ciudadano? Los obstáculos y dificultades que afronta la ciudadanía para participar en la toma de decisiones que le interesan e incumben y para transmitir sus inquietudes y preocupaciones; la asimétrica relación de la Administración con los administrados o usuarios; la ausencia de canales efectivos que garanticen no solo una participación, sino unas respuestas reales han fomentado la proliferación de las citadas plataformas. En Colombia la cuestión no es ajena. Dichos instrumentos de petición virtual cursan actualmente ante la Administración 29 peticiones ambientales con 154.551 firmantes, entre las más conocidas están la de Caño Cristales y la de la Reserva Thomas van der Hammen. El objetivo de nuestra contribución es acercarse a las preguntas planteadas. Concretamente, se pretende evaluar qué impacto real han tenido estas plataformas en las decisiones de la Administración, en qué medida han incidido en la protección ambiental y qué reflejo tiene este fenómeno en el Derecho colombiano.

In the same way as social networks, in contemporary society, digital platforms of petition, also called platforms of digital activism, are part of daily life. Widespread platforms such as change.org or avaaz have become worldwide true means of mass petition, and also instruments of social activism and visibility of problems of the most diverse type, including environmental ones. In this context some questions arise: Is there legal regulation in this regard? Is such regulation necessary? How is the authenticity of the signatures of the participants controlled? How is legitimacy evaluated? Do they effectively contribute to democracy in order to shorten the distance between the administration and the citizen? The obstacles and difficulties faced by citizens to participate in the decision-making process that interests and concerns them and to convey their concerns and worries; the asymmetrical relationship between the administration and the citizen or users; the absence of effective channels that guarantee not only participation but also a real response has encouraged the proliferation of these platforms. In Colombia the situation is no different. These instruments of virtual petition are currently before the Administration 29 environmental petitions with 154,551 signatories, among the best known are that of Caño Cristales and the Thomas van der Hammen Reserve. The aim of our contribution is to get closer to the questions raised. Specifically, we intend to evaluate what real impact these platforms have had on the of the administration’s decisions, to what extent they have influenced environmental protection and what reflection this phenomenon has in Colombian law.