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La destitución de servidores públicos de elección popular por la procuraduría general de la nación: violación de la convención américana sobre derechos humanos. Análisis especial de la destitución del Alcalde de Bogotá: Gustavo Petro Urrego en 2013
Autor
Montoya Romero, Nodier
Institución
Resumen
La presente investigación tiene como fin evaluar, específicamente, la sanción de destitución, y de
inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, de servidores públicos de elección popular
como facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación, a la luz del marco normativo
constitucional interno y del bloque de constitucionalidad, para establecer que la destitución de
funcionarios públicos elegidos por sufragio popular es violatoria de la jurisprudencia de las Altas
Cortes colombianas y, también, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esta última, es igualmente vinculante y obligatoria para todos los operadores judiciales de los
Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica de 22 de noviembre de 1969). Para demostrar lo anterior se ha elegido como ejemplo
el caso de la destitución mediante una decisión administrtiva (no judicial) del Alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro Urrego, expedidad por la Procuraduría General de la Nación.