Recurso extraordinario de revisión en el proceso de restitución de tierras

Abstract

El proceso de Restitución de Tierras consagrado en la ley 1448 de 2011, es un procedimiento mixto (por cuanto es el único proceso judicial en Colombia que involucra también una etapa administrativa.) de justicia transicional, enmarcado en la jurisdicción constitucional; transicional porque esta implementado para pasar de un estado generalizado de violencia a uno de paz, que centralmente fue implementado para un período determinado, con la finalidad de superar el estado de desplazamiento forzado y de despojo al que fueron sometidos los propietarios, poseedores y ocupantes de inmuebles como resultado del conflicto armado interno colombiano. Al constituir una medida de reparación a favor de las víctimas de estos hechos, regida por estándares internacionales de protección a población vulnerable, es necesario evitar que la jurisdicción ordinaria interna en su especialidad civil, que tiene a su cargo conocer el recurso extraordinario de revisión en el proceso de restitución de tierras por mandato del artículo 92 de la ley 1448 de 2011, aborde dicho recurso con el criterio tradicional con que se decide un proceso ordinario civil teniendo en cuenta que el enfoque jurídico con que se aborda el estudio de los casos en ambas categorías de asuntos (transicional y ordinaria), difiere por completo, especialmente en lo que tiene que ver con el análisis de la inversión de la prueba, de las presunciones y las facultades excepcionales otorgadas a los funcionarios judiciales de restitución de tierras, pues mientras estos últimos examinan los casos con una tendencia pro-víctima, en la jurisdicción ordinaria a la parte demandante le incumbe la carga de demostrar plenamente los supuestos de hecho en que basa sus pretensiones, tal como lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso, principio de la carga probatoria que impera en procesos de naturaleza adversarial tradicional (ordinario), y cuya aplicación resulta inconveniente en tratándose de víctimas del conflicto armado, en atención a su condición de sujeto vulnerable y destinatario de una especial protección (que no puede ser re victimizado mediante la imposición de cargas procesales)