Alcance del régimen jurídico material, orgánico y funcional de las entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado

Abstract

La libertad de asociación se ha edificado en nuestra Constitución Política como uno de los pilares fundamentales de nuestra Democracia, permitiendo la posibilidad de conformar asociaciones en las que sus integrantes han tomado la decisión de crear esta ficción jurídica de poder apartar los patrimonios, las responsabilidades de quienes la conforman, estableciendo de esta manera una persona jurídica distinta, con o sin esperar que ésta les arroje unos dividendos o utilidades, por cuanto la Ley ha creado para cada una, una naturaleza jurídica que les permita determinar el lucro o no desde su creación. Pero allí también puede converger en esa participación el Estado, actuando con otras entidades públicas o con los particulares. Esta posibilidad se da bajo la expedición de la ley 489 de 1998 que en los incisos del artículo 96, define la asociación del Estado y los particulares, para crear una entidad sin ánimo de lucro, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna, a aquéllas la ley (Ley 489, 1998, art. 96). Al momento de elegir cuál de las figuras jurídicas debe emplearse para que el Estado entre a ser parte de estas asociaciones, el procedimiento al interior de cada entidad pública reflejará que, requerirá de la autorización del órgano colegiado de elección popular o, de los órganos de conformidad con los estatutos de creación, para ser parte de ese nuevo ente jurídico. Ello dispone a que se pongan en riesgo los recursos del Estado, no solo por esta circunstancia sino por la falta de regulación que existe frente a la elección directa de quienes serán los asociados que integraran la nueva entidad sin ánimo de lucro.